La guerra contra las drogas ha conducido a México a una profunda violencia, sobre todo en los estados de las fronteras norte y sur del país. Los homicidios relacionados con el crimen organizado rebasan los 4 mil 567 muertos, durante los últimos dos años y medio, y hasta la última semana de junio de este año se reportan mil 345 ejecuciones. El aumento de la violencia del narcotráfico y la participación del Ejército en la seguridad pública tienen una razón fundamental: el Estado mexicano carece de un plan real completo, a largo plazo y bien estructurado para combatir al crimen organizado.
(Por: Mauricio Laguna) Fuente: Red Voltaire
La llamada “narcoviolencia”, de acuerdo con diversos analistas y reportes especializados, tiene origen y destino, por lo que consideran que es necesario observar este fenómeno como parte de las políticas del gobierno estadunidense en su esquema de lucha global contra el narcotráfico.
El informe especial de Laurie Freeman, Estado bajo asalto: La narcoviolencia y corrupción en México, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), revela que “la competencia cada vez más violenta entre los cárteles mexicanos tiene un solo objetivo: beneficiarse del mercado de la droga en Estados Unidos. El narcotráfico es lucrativo porque millones de estadounidenses consumen drogas”.
En el apartado “La Narcocorrupción” la investigadora precisa que “al igual que la violencia, la corrupción asociada al narcotráfico se da como consecuencia de la existencia de un mercado negro. El negocio exige que los funcionarios de aplicación de ley y agentes judiciales sean sobornados e intimidados en ambos lados de la frontera”.
Se describe cómo “el crimen organizado no puede vivir sin la corrupción. Por eso el narcotráfico ha exacerbado la corrupción existente en México, un país donde las instituciones son débiles, carecen de transparencia o supervisión interna”.
Revela que hace dos años, durante el gobierno de Vicente Fox, al aplicarse el programa de seguridad pública México Seguro, ocurrieron 2 mil ejecuciones “al producirse una guerra contra las drogas que condujo a México a una profunda violencia en el 2005”.
Subraya que “el gobierno estadunidense, por una parte, prohíbe drogas como la marihuana, cocaína y heroína, y por otro lado fracasa en reducir sustancialmente la demanda en Estados Unidos de estas sustancias ilegales. Entonces esto no es un problema que México pueda solucionar por sí mismo.
“La prohibición de drogas alimenta la violencia de los productores y distribuidores de sustancias sicotrópicas por lograr posicionarse en el mercado de productos ilegales y entre los consumidores”.
Freeman señala que “la violencia es el árbitro del mercado negro y sus efectos secundarios son sumamente destructivos en México porque se alimentan de instituciones corruptas que tradicionalmente no han tenido la capacidad de hacer cumplir la ley o proporcionar seguridad pública, lo que hace que la violencia se salga de control”.
Por sus drogas los conoceréis
Para el académico y doctor en derecho Fernando Tenorio Tagle, el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en México corresponde al que genera el crimen organizado asentado en nuestro país, situación similar a la que ocurre en Italia, con el mismo porcentaje.
El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco afirma que “la inseguridad frente al delito sigue siendo un problema serio, si consideramos que al radicalizarse las cosas, como se ha venido confirmando año con año, el aumento de las tasa de homicidios dolosos en el país, de 20 o 22 por cada 100 mil habitantes, nos sigue ubicando en el segundo lugar mundial de ejecuciones después de Colombia, la cual vive una situación de guerra permanente”.
De acuerdo con el sociólogo y experto en temas de seguridad nacional, José Luis Piñeyro, las estadísticas ayudan a medir el problema cotidiano de la violencia criminal, que ahora suma, en los poco más de 180 días que van del año; 50 homicidios cada semana, siete muertes cada 24 horas, una cada tres horas y media, cada uno de ellos funcionario, agente, delincuente, policía, soldado, civil, periodista con nombre propio y familia”.
Dice que las cifras son elocuentes, pero “falta precisar cómo se maneja esto en los círculos políticos, si la ola de muertes de elementos de policías estatales y municipales son ajustes de cuentas de los sicarios contra agentes corruptos que no cumplieron acuerdos con la mafia o fueron verdaderos servidores que resultaban un estorbo a la delincuencia”.
Luis Astorga Almanza, titular de la cátedra UNESCO en Transformaciones económicas y Sociales Relacionadas con el Tráfico de Drogas, apunta que “el gobierno estadounidense calcula como discurso político y acto de fe que las organizaciones criminales mexicanas obtienen unos 15 mil millones de dólares anuales por la venta y tráfico de estupefacientes, sin decir cómo se reparten los recursos y luego comparan esto con otros indicadores como las reservas y remesas de los mexicanos en los Estados Unidos”.
Para el autor del libro Mitología del narcotraficante en México, “los montos de los recursos obtenidos por el crimen organizado se desconocen al ser una actividad ilícita, pero al contrario se conoce el aumento de adictos al consumo de drogas por las encuestas que se realizan cada cinco años, las cuales miden la prevalencia, no adicciones”.
Cuentas Alegres, pactos rotos
El Departamento de Estado de Estados Unidos en su Informe sobre la estrategia internacional para el control de narcóticos (Internacional Narcotics Control Strategy Report, INCSR), correspondiente al 2006 y publicado en abril de 2007, precisa que “México ha sido profundamente afectado por el tráfico de drogas. Durante 2006 aumentaron los niveles de violencia, corrupción y abuso de drogas”.
El documento describe las políticas antidrogas de Estados Unidos en el mundo. Poco menciona sobre México al destinar sólo 6 cuartillas, de manera superficial toca la creciente narcoviolencia en este país, ni tampoco sugiere una propuesta para enfrentar al crimen organizado.
Su idea básica para que México mejore su capacidad de combatir al narcotráfico es dotar a los cuerpos policiacos de “mejor equipo, entrenamiento y herramientas de investigación”, así como “reformas judiciales… para que los avances en cuanto a calidad sean consecuentes con la capacidad para aplicar la ley”.
En este contexto el gobierno de George W. Bush subraya y califica de excelente el trabajo realizado durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), respecto al desmantelamiento de grandes organizaciones de traficantes de drogas, por extraditar a 63 fugitivos de las leyes estadunidenses, por erradicar cultivos de opio y marihuana, y por mantener procesos abiertos y darle seguimiento jurídico a delitos relacionados con el lavado de dinero.
Se acota que “México es uno de los principales países de producción y tráfico de las drogas ilícitas que llegan a Estados Unidos, cerca del 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasa por México”.
Respecto a la evaluación sobre la policía mexicana, se menciona que “la Agencia Federal de Investigación se ha convertido en el elemento central de los esfuerzos gubernamentales por generar instituciones de aplicación de ley más profesionales, honestas y eficaces”.
El Departamento de Estados Unidos apunta que en México ha ido en aumento el consumo de drogas, especialmente de marihuana, seguida por la cocaína y de enervantes en aerosol, como son la pintura y el pegamento.
Sin metas
Para Valeriano Ramírez Medina, investigador en temas sobre el poder político y seguridad nacional, el aumento de la narcoviolencia tiene referentes políticos y de poder.
En este sentido explica cómo, “durante el largo control priísta, las bandas del crimen organizado lograron acuerdos no escritos para la definición de las fronteras de operación, esto era que los grupos delictivos no se metían a la política, ni los políticos se introducían en el crimen organizado. Este pacto fue roto por las policías cuando se convirtieron en aliados, cómplices y hasta miembros de las bandas criminales”.
Describe que el problema actual de violencia estalló en 1984 cuando el columnista Manuel Buendía fue asesinado porque tenía en su poder información que evidenciaba que las policías estaban al servicio del narco. “Un año después el asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena se confirmaron públicamente esas sospechas “.
Resalta cómo aumentó el problema del narcotráfico desde hace 20 años en lugar de disminuir. “En estas dos décadas el asunto se agravó con las sospechas de que altos funcionarios y políticos apadrinan a bandas del crimen organizado”.
Según el catedrático, en México el fenómeno del narcotráfico toma cauces diferentes a partir de la década de 1980, con la generación de cuatro cárteles: el de Amado Carrillo (cártel de Juárez), los Arellano Félix en Tijuana, el cártel del Golfo con Juan García Abrego y el grupo de Rafael Caro Quintero en Sinaloa.
“A partir de la consolidación de estos grupos en la producción y envío de drogas hacia Estados Unidos, se dan nuevos vínculos que no son con gobiernos locales o federal sino con las policías federales y estatales, creando una acelerada descomposición en los órganos de seguridad, lo cual garantiza impunidad y protección a las zonas de producción y distribución”.
Para el doctor en ciencia política Francisco Javier Jiménez Ruiz, otro problema es que hasta 1990 México era considerado como “un país puente” o de paso de las drogas con rutas muy específicas y aparentemente se puede decir que existían mecanismos de respeto entre los grupos de narcotraficantes con respecto a sus plazas donde mantenían control social y poder político.
En la década de 1990 se desarrollan las peleas entre los cárteles: no sólo son ya las rutas de exportación hacia Estados Unidos, sino se compite por los mercados internos, sobre todo en la zona norte y la zona del bajío, “donde regresan los emigrantes a sus lugares de origen que han adquirido adicciones a través de su vida en Estados Unidos y por tanto se generan mercados seguros de consumidores”, advierte.
Prosigue Jiménez Ruiz: “El problema es que el crimen organizado se había especializado en áreas específicas de la delincuencia como narcotráfico, fraude financiero, prostitución, secuestro, robo y otras más, pero con la diversificación de actividades, al ampliarse las redes delincuenciales, comienzan a coordinarse diversas actividades en redes más amplias vinculadas con diversos grupos”.
Para el doctor en sociología Jerónimo Hernández Vaca, a finales de la década de 1990 las grandes cabezas de los cárteles habían tenido una organización interna muy segura, pero empiezan a tener rupturas que generan a su vez pequeños bastiones de poder locales o regionales y esto deriva en una competencia interna, lo que produce mayor violencia donde se enfrentan cárteles grandes con los pequeños.
Resalta que ahora los cárteles grandes, al sentirse traicionados por los grupos pequeños que se fracturaron de su estructura, “utilizan formas de prevención; por eso ha crecido la violencia y las ejecuciones. Entonces, el gobierno no tiene control sobre de ellos porque ha permitido el crecimiento de estos grupos y no ha actuado cuando ha tenido la posibilidad de hacerlo”.
De acuerdo con José Luis Piñeyro, el aumento de la violencia indica un reacomodo de grupos de poder pero también el efecto natural del relevo de autoridades gubernamentales a nivel estatal y el arribo de nuevos jefes policíacos.
Resalta que esto revela la incomprensión del problema y por lo tanto “la certeza de que el crimen organizado se ha hecho del control social y político de algunas partes de la República y anda en busca de la redefinición de zonas francas”.
Curar cáncer con chochos
Tenorio Tagle advierte que la inseguridad y el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón “será un serio problema a lo largo del sexenio, muy semejante a los gobiernos anteriores, donde las negociaciones y pactos de los entonces candidatos presidenciales para recibir ciertos apoyos se daban por debajo del agua; sin este aspecto no se entiende por qué el Chapo Guzmán está fuera de la cárcel”.
Menciona que el presidente de la República “no la tiene fácil, si consideramos que la inversión en materia de seguridad pública se ha ido a la basura en algunos segmentos, por ejemplo todo lo que es el ámbito de la Policía Federal Preventiva (PFP), donde hay más desperdicios que resultados”.
Valeriano Ramírez subraya que Calderón “está atacando el cáncer con aspirinas. El problema del narcotráfico no son los narcotraficantes, sino las causas que generan que grandes sectores de la población pauperizada en amplias regiones del país se vean obligados a ingresar, tolerar o formar parte del narcotráfico”.
Según Hernández Vaca, el uso del Ejército contra los grupos dedicados al narcotráfico por parte del gobierno de Calderón tiene varios perfiles políticos.
Por un lado, asegura, “los operativos contra el narcotráfico son mediáticos, no buscan realmente acabar con el crimen organizado, sino que tienen el objetivo primordial de confirmar la subordinación del gobierno mexicano a los objetivos continentales del gobierno estadunidense”.
Precisa que “la lucha mediática contra el narcotráfico busca brindar tranquilidad a los negocios estadounidenses establecidos en México para que no abandonen el país ante la ola de protestas populares contra el gobierno federal por las reformas a la ley del ISSSTE, y los problemas locales como la APPO en Oaxaca”.
Para José Luis Piñeyro los grupos criminales también han establecido prácticas mediáticas que les han funcionado, como “sembrar cuerpos mutilados, amenazas directas, cabezas cercenadas y una imagen de ingobernabilidad y terror basado en una ofensiva que ya tuvo una contundente respuesta”.
La fuerza de la ley
En el reporte Estado bajo asalto, de Laurie Freeman, se describe cómo “en Estados Unidos investigaciones encubiertas del FBI revelaron que soldados estadunidenses, conspiraron para utilizar la protección que sus uniformes y vehículos militares con el fin de traficar drogas en el suroeste de ese país”.
Describe que “en las investigaciones del FBI también han detectado corrupción dentro de la Patrulla Fronteriza, pero existen indudablemente muchos ejemplos de corrupción en el lado estadunidense para permitir que las drogas ilegales continúen fluyendo”.
La investigadora indica, de acuerdo con las cifras del reporte bianual de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud (Nacional Survey on Drug Use and Health), de 2004, cómo el consumo de cocaína y heroína ha aumentado drásticamente en EU. En el 2003 se tenía una población de dos millones 228 mil personas que consumían cocaína todos los días, cifra que aumenta con 57 mil adolescentes y más de 94 mil adultos por año.
Este número de consumidores en el año 2007 podría alcanzar 2 millones 732 mil adictos, sin contar más de 3 millones de “drogadictos ocasionales”, por lo tanto, la reducción de la adicción a las drogas beneficiaría en gran medida a Estados Unidos y a México.
En las propuestas que indica el reporte para reducir la narcoviolencia y la narcocorrupción, se plantea que Estados Unidos debe apoyar y cooperar en diversos rubros; reducir la demanda de drogas y establecer estrategias de prevención basadas en evidencia; incrementar el acceso a tratamientos de alta calidad con el objeto de eliminar el consumo de droga.
Otro punto indica fortalecer las regulaciones de las ventas de armas en Estados Unidos para dificultar que las armas vendidas en ese país caigan en manos de la delincuencia; Ayudar a México a restaurar el orden público y con ello proporcionar a sus ciudadanos seguridad pública, por medio de una profunda reforma de sus instituciones policiales y judiciales, garantizando un estado de derecho exitoso.
Finalmente apunta que el gobierno mexicano debe ser más exitoso a través del estado de derecho llevando a la delincuencia ante la justicia y no sólo demostrando su fuerza con una exhibición de potencia en las calles.
Fecha de publicación: Julio 2a quincena de 2007 Año 5 No. 83
miércoles, 1 de agosto de 2007
Un cuento chino
La captura de un mexicano de origen chino podría aclarar la historia detrás del mayor decomiso de dinero en la lucha contra el narcotráfico y, de paso, salpicar al gobierno.
Fuente: Revista Semana, Colombia. 28.7.2007
La prensa de México lleva más de un año obsesionada con el caso del mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon. Y no es para menos. Su captura, la noche del pasado martes, por la DEA en un restaurante en Maryland, Estados Unidos, es el último capítulo en la intrigante historia de este empresario acusado de narcotráfico que se ha convertido en un permanente dolor de cabeza para el presidente mexicano Felipe Calderón y el gobernante Partido de Acción Nacional (PAN).
Hasta el pasado 15 de marzo, no se conocía una persona en el mundo a la que se le ocurriera tener en efectivo, y en el guardarropa de su casa, entre maletas y cajas, la cuantiosa y nada despreciable cifra de 205 millones de dólares. Para ser más exactos, la Agencia Federal de Investigación (AFI) encontró en la mansión del chino nacionalizado 2.052.925 billetes de 100 dólares, más de una tonelada de dinero. Esto sin contar los euros, los yenes, los pesos mexicanos, las joyas, las pistolas, los autos de lujo, una colección de relojes avaluada en 400.000 dólares y uno que otro cheque de viajero.
La historia detrás del mayor decomiso de dinero en la historia de la lucha contra el narcotráfico en el mundo comenzó el 6 de julio de 2006, en un semáforo aduanal del puerto Lázaro Cárdenas, en México. Al contenedor que traía 20 toneladas de químicos, importados por la empresa Unimed Pharm Chem, de propiedad de Zhenli, le tocó el semáforo rojo y la consecuente revisión. Los laboratorios comenzaron a analizar la sustancia y, por lo complejo del proceso, le regresaron los insumos al chino. Sólo tres meses después el laboratorio encontró la trampa, pues mientras Zhenli afirmaba importar Methyl-Acetylamino (metilcrilamida), en realidad traía Acetato de N-Acetilseudoefedrina, un derivado de pseudoefedrina. Esta última sustancia es común en muchos antigripales y su comercio en el mundo es legal aunque restringido, pues puede producir metanfetamina, un estimulante poderoso que los carteles de la droga venden como pastillas, inhalada o inyectada.
En el guardarropa de la casa del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon se encontraron 205 millones de dólares. El martes pasado fue capturado por la DEA en Estados Unidos Según Zhenli, el secretario de trabajo, Javier Lozano, le dio a guardar 150 millones de dólares del PAN. Lozano lo demandó por difamación. El presidente Felipe Calderón ha restado importancia a las acusaciones PUBLICIDAD Los resultados de la investigación tardaron un mes más en llegar a manos de la Procuraduría General de la República (PGR), que de inmediato ordenó detener la siguiente importación de Zhenli. Esta fue el 5 de diciembre de 2006, cuando sí se logró incautar por primera vez un cargamento de 19 toneladas de Pseudosefedrina. Allí comenzó la investigación que cuatro meses después terminaría en el cateo de la casa de Zhenli, donde se encontraron los 205 millones de dólares, producto, según la PGR y la DEA, del tráfico de metanfetaminas. Del dueño de la fortuna no se encontró ni el rastro. Con 12 detenidos y el dinero del ilícito incautado, el caso judicial parecía estar llegando a su fin. Pero la historia dio un giro político y mediático. La novela del chino nacionalizado mexicano apenas comenzaba.
No es mucho lo que se conoce con certeza sobre Zhenli. Se sabe que llegó a México en 1990 y hasta el año 1997 se dedicó a la importación y comercio de productos chinos. En ese momento fundó su distribuidora farmacéutica y comenzó a construir una inmensa fábrica que nunca terminó. En 2004 le reportó al Estado que ganaba 7.000 dólares mensuales, cuando, tan sólo tres años después, lo incautado sumó centenares de millones de dólares.
Escándalo político
El 2 de julio de este año, Zhenli, fugado a Estados Unidos, dio una entrevista a la agencia de noticias AP. No sólo aseguró ser inocente, sino que argumentó que 150 de los 205 millones eran sobrantes de la pasada campaña presidencial que el PAN, bajo amenazas, le había solicitado guardar. Según Zhenli, se los había entregado Javier Lozano Alarcón, el secretario de trabajo y miembro activo de la campaña. La entrevista lo mostró tranquilo caminando por la calle como si nadie lo buscara, lo que desató una tormenta política en México. Lozano Alarcón decidió viajar a Estados Unidos y demandar al chino por difamación, pues niega que ese dinero sea del PAN. Pero Zhenli volvió a atacar. En una nueva rueda de prensa prometió presentar pruebas, como fotos y videos.
El presidente Calderón no dudó en calificar las acusaciones como un "cuento chino", y la oposición en pedir investigaciones exhaustivas al gobierno. Poco después se informó que los 205 millones de dólares ya no están en México y que fueron depositados en una cuenta del gobierno mexicano en el Bank of América. La noticia generó polémica porque el dinero, prueba y pista para perseguir el lavado de activos, nunca fue puesto a disposición de los jueces.
Calderón anunció que el dinero ya era propiedad de los mexicanos y que pondría a ese hombre "tras las rejas". México comenzó a alistar la solicitud de extradición. La facilidad de este personaje para moverse en Estados Unidos comenzó a despertar suspicacias del otro lado de la frontera, pues se conoció que una hermana del chino trabaja en el FBI. Pero cuando se comenzaba a especular sobre su verdadero papel en esta historia, llegó la captura de la DEA.
Tan pronto se confirmó la noticia en México, el presidente Calderón no dudó en cobrarla como un triunfo personal. "A petición de mi gobierno ha sido detenido uno de los principales responsables de la introducción y la distribución de metanfetaminas", aseguró. Pero según la DEA, Zhenli no fue capturado con fines de extradición, sino por conspiración para introducir "500 o más gramos" de droga en Estados Unidos. Según lo explicó la directora de la DEA, Karen Trendy, "hemos aprehendido no solamente al hombre detrás del dinero, sino al hombre detrás de la droga… Quizá nunca tocó las drogas, pero él lo hizo posible, facilitó el comercio y la producción de precursores químicos".
El caso del chino produce a diario un nuevo titular. La lista es extensa, y uno de los más llamativos es el video del 3 de febrero de 2003 en el que el entonces presidente, Vicente Fox, le entrega su carta de naturalización. Desde ese momento Zhenli se convirtió en un mexicano. Los méritos de Zhenli para hacerse a este privilegio no son para nada claros, pues su carácter migratorio sigue siendo confidencial.
Las autoridades mexicanas han tratado nuevamente de minimizar el tema, al calificarlo como un "caso cerrado". Pero lo cierto es que aún queda chino para rato, pues la última noticia es que Zhenli perdió en los casinos de Las Vegas, entre 2004 y 2006, 178 millones de dólares en apuestas, sin que el sistema antilavado lo detectara. Según los analistas políticos, lo que viene ahora es el destape de la red de complicidades del mexicano de origen chino a ambos lados del Río Bravo, y una que otra sorpresa que salga del juicio que empieza en la Corte del distrito de Columbia el próximo 3 de agosto. Sólo entonces comenzará a aclararse si las acusaciones de Zhenli, como asegura el Presidente, no son más que un cuento chino.
Fuente: Revista Semana, Colombia. 28.7.2007
La prensa de México lleva más de un año obsesionada con el caso del mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon. Y no es para menos. Su captura, la noche del pasado martes, por la DEA en un restaurante en Maryland, Estados Unidos, es el último capítulo en la intrigante historia de este empresario acusado de narcotráfico que se ha convertido en un permanente dolor de cabeza para el presidente mexicano Felipe Calderón y el gobernante Partido de Acción Nacional (PAN).
Hasta el pasado 15 de marzo, no se conocía una persona en el mundo a la que se le ocurriera tener en efectivo, y en el guardarropa de su casa, entre maletas y cajas, la cuantiosa y nada despreciable cifra de 205 millones de dólares. Para ser más exactos, la Agencia Federal de Investigación (AFI) encontró en la mansión del chino nacionalizado 2.052.925 billetes de 100 dólares, más de una tonelada de dinero. Esto sin contar los euros, los yenes, los pesos mexicanos, las joyas, las pistolas, los autos de lujo, una colección de relojes avaluada en 400.000 dólares y uno que otro cheque de viajero.
La historia detrás del mayor decomiso de dinero en la historia de la lucha contra el narcotráfico en el mundo comenzó el 6 de julio de 2006, en un semáforo aduanal del puerto Lázaro Cárdenas, en México. Al contenedor que traía 20 toneladas de químicos, importados por la empresa Unimed Pharm Chem, de propiedad de Zhenli, le tocó el semáforo rojo y la consecuente revisión. Los laboratorios comenzaron a analizar la sustancia y, por lo complejo del proceso, le regresaron los insumos al chino. Sólo tres meses después el laboratorio encontró la trampa, pues mientras Zhenli afirmaba importar Methyl-Acetylamino (metilcrilamida), en realidad traía Acetato de N-Acetilseudoefedrina, un derivado de pseudoefedrina. Esta última sustancia es común en muchos antigripales y su comercio en el mundo es legal aunque restringido, pues puede producir metanfetamina, un estimulante poderoso que los carteles de la droga venden como pastillas, inhalada o inyectada.
En el guardarropa de la casa del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon se encontraron 205 millones de dólares. El martes pasado fue capturado por la DEA en Estados Unidos Según Zhenli, el secretario de trabajo, Javier Lozano, le dio a guardar 150 millones de dólares del PAN. Lozano lo demandó por difamación. El presidente Felipe Calderón ha restado importancia a las acusaciones PUBLICIDAD Los resultados de la investigación tardaron un mes más en llegar a manos de la Procuraduría General de la República (PGR), que de inmediato ordenó detener la siguiente importación de Zhenli. Esta fue el 5 de diciembre de 2006, cuando sí se logró incautar por primera vez un cargamento de 19 toneladas de Pseudosefedrina. Allí comenzó la investigación que cuatro meses después terminaría en el cateo de la casa de Zhenli, donde se encontraron los 205 millones de dólares, producto, según la PGR y la DEA, del tráfico de metanfetaminas. Del dueño de la fortuna no se encontró ni el rastro. Con 12 detenidos y el dinero del ilícito incautado, el caso judicial parecía estar llegando a su fin. Pero la historia dio un giro político y mediático. La novela del chino nacionalizado mexicano apenas comenzaba.
No es mucho lo que se conoce con certeza sobre Zhenli. Se sabe que llegó a México en 1990 y hasta el año 1997 se dedicó a la importación y comercio de productos chinos. En ese momento fundó su distribuidora farmacéutica y comenzó a construir una inmensa fábrica que nunca terminó. En 2004 le reportó al Estado que ganaba 7.000 dólares mensuales, cuando, tan sólo tres años después, lo incautado sumó centenares de millones de dólares.
Escándalo político
El 2 de julio de este año, Zhenli, fugado a Estados Unidos, dio una entrevista a la agencia de noticias AP. No sólo aseguró ser inocente, sino que argumentó que 150 de los 205 millones eran sobrantes de la pasada campaña presidencial que el PAN, bajo amenazas, le había solicitado guardar. Según Zhenli, se los había entregado Javier Lozano Alarcón, el secretario de trabajo y miembro activo de la campaña. La entrevista lo mostró tranquilo caminando por la calle como si nadie lo buscara, lo que desató una tormenta política en México. Lozano Alarcón decidió viajar a Estados Unidos y demandar al chino por difamación, pues niega que ese dinero sea del PAN. Pero Zhenli volvió a atacar. En una nueva rueda de prensa prometió presentar pruebas, como fotos y videos.
El presidente Calderón no dudó en calificar las acusaciones como un "cuento chino", y la oposición en pedir investigaciones exhaustivas al gobierno. Poco después se informó que los 205 millones de dólares ya no están en México y que fueron depositados en una cuenta del gobierno mexicano en el Bank of América. La noticia generó polémica porque el dinero, prueba y pista para perseguir el lavado de activos, nunca fue puesto a disposición de los jueces.
Calderón anunció que el dinero ya era propiedad de los mexicanos y que pondría a ese hombre "tras las rejas". México comenzó a alistar la solicitud de extradición. La facilidad de este personaje para moverse en Estados Unidos comenzó a despertar suspicacias del otro lado de la frontera, pues se conoció que una hermana del chino trabaja en el FBI. Pero cuando se comenzaba a especular sobre su verdadero papel en esta historia, llegó la captura de la DEA.
Tan pronto se confirmó la noticia en México, el presidente Calderón no dudó en cobrarla como un triunfo personal. "A petición de mi gobierno ha sido detenido uno de los principales responsables de la introducción y la distribución de metanfetaminas", aseguró. Pero según la DEA, Zhenli no fue capturado con fines de extradición, sino por conspiración para introducir "500 o más gramos" de droga en Estados Unidos. Según lo explicó la directora de la DEA, Karen Trendy, "hemos aprehendido no solamente al hombre detrás del dinero, sino al hombre detrás de la droga… Quizá nunca tocó las drogas, pero él lo hizo posible, facilitó el comercio y la producción de precursores químicos".
El caso del chino produce a diario un nuevo titular. La lista es extensa, y uno de los más llamativos es el video del 3 de febrero de 2003 en el que el entonces presidente, Vicente Fox, le entrega su carta de naturalización. Desde ese momento Zhenli se convirtió en un mexicano. Los méritos de Zhenli para hacerse a este privilegio no son para nada claros, pues su carácter migratorio sigue siendo confidencial.
Las autoridades mexicanas han tratado nuevamente de minimizar el tema, al calificarlo como un "caso cerrado". Pero lo cierto es que aún queda chino para rato, pues la última noticia es que Zhenli perdió en los casinos de Las Vegas, entre 2004 y 2006, 178 millones de dólares en apuestas, sin que el sistema antilavado lo detectara. Según los analistas políticos, lo que viene ahora es el destape de la red de complicidades del mexicano de origen chino a ambos lados del Río Bravo, y una que otra sorpresa que salga del juicio que empieza en la Corte del distrito de Columbia el próximo 3 de agosto. Sólo entonces comenzará a aclararse si las acusaciones de Zhenli, como asegura el Presidente, no son más que un cuento chino.
Africa Occidental: nueva ruta del "narco latino"
Interpol asegura que dos tercios de la cocaína que llega a Europa pasa por esa región. Los países de la costa oeste africana se han convertido en puertos de tránsito para los carteles de la droga de América Latina que abastecen al mercado europeo. La situación más delicada se vive en Guinea Bissau, calificado como el primer “narco-Estado” del mundo.
Fuente: Diario La Nación
Cargamentos de cocaína caen desde aviones misteriosos. Bienvenido a África Occidental, una región que está convirtiéndose en ruta predilecta de los narcotraficantes latinoamericanos -principalmente colombianos- para acceder a Europa. Así lo asegura el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (Onudc).
En las últimas semanas, 800 kilos de cocaína que flotaban en el mar, probablemente lanzados desde un velero, fueron incautados frente a las islas Canarias (España). La marina francesa también decomisó 800 kilos de coca en un barco frente a Costa de Marfil.
La confiscación de cocaína en la zona se ha multiplicado por seis en los últimos años y la Interpol afirma que dos tercios de la cocaína que llega a Europa han pasado por ahí.
“La inestabilidad política y los conflictos internos de los países africanos los convierten en un paraíso de impunidad para los narcotraficantes”, señaló el representante regional de la Onudc, Antonio Mazzitelli.
Son varios los países afectados, incluyendo Nigeria, Ghana y Costa de Marfil, pero Guinea Bissau -al que algunos ya califican como el primer “narco-Estado” del mundo- estaría en el corazón del problema al ser uno de los más vulnerables.
De hecho, los expertos estiman que este pequeño país, clasificado entre los más pobres del mundo, se ha convertido en un gran depósito de cocaína en la región. Ayuda también que la ex colonia portuguesa cuente con 90 islas, de las que sólo 17 están habitadas
“La situación geográfica de Guinea Bissau favorece a quien quiera llegar a Europa. También está la extensión geográfica y la falta de recursos materiales para que la policía pueda controlar todas las islas que hoy sirven de depósito para los narcotraficantes”, dijo Nelson Moreira, presidente de la comisión interministerial de lucha contra la droga de este país.
El activista de derechos humanos de Guinea Bissau, Mario Sa Gomes, denunció recientemente la corrupción y los vínculos entre las redes de narcotráfico y los líderes políticos, policiales y militares de su país.
Pero aunque en las calles de Guinea Bissau se respira el miedo a la creciente influencia de los narcotraficantes latinoamericanos, pocos creen que un país tan débil como el suyo, dependiente de la ayuda internacional, pueda combatir estas nuevas mafias internacionales.
La ONU afirma que la tendencia a utilizar esta región para el transporte de la cocaína comenzó hace unos cinco años, y que las nuevas estructuras de los narcotraficantes complican la lucha antidrogas.
“Uno añora los días de Pablo Escobar (narcotraficante colombiano que controlaba gran parte del negocio de drogas del mundo desde Colombia en los años 80) en el sentido que entonces se estaba luchando contra el crimen organizado”, afirmó Francisco Thoumi, director del Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito en Colombia.
“Hoy se está luchando contra señores de la guerra y esta gente tienen vínculos mucho más fuertes con las mafias internacionales”, agregó.
Fuente: Diario La Nación
Cargamentos de cocaína caen desde aviones misteriosos. Bienvenido a África Occidental, una región que está convirtiéndose en ruta predilecta de los narcotraficantes latinoamericanos -principalmente colombianos- para acceder a Europa. Así lo asegura el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (Onudc).
En las últimas semanas, 800 kilos de cocaína que flotaban en el mar, probablemente lanzados desde un velero, fueron incautados frente a las islas Canarias (España). La marina francesa también decomisó 800 kilos de coca en un barco frente a Costa de Marfil.
La confiscación de cocaína en la zona se ha multiplicado por seis en los últimos años y la Interpol afirma que dos tercios de la cocaína que llega a Europa han pasado por ahí.
“La inestabilidad política y los conflictos internos de los países africanos los convierten en un paraíso de impunidad para los narcotraficantes”, señaló el representante regional de la Onudc, Antonio Mazzitelli.
Son varios los países afectados, incluyendo Nigeria, Ghana y Costa de Marfil, pero Guinea Bissau -al que algunos ya califican como el primer “narco-Estado” del mundo- estaría en el corazón del problema al ser uno de los más vulnerables.
De hecho, los expertos estiman que este pequeño país, clasificado entre los más pobres del mundo, se ha convertido en un gran depósito de cocaína en la región. Ayuda también que la ex colonia portuguesa cuente con 90 islas, de las que sólo 17 están habitadas
“La situación geográfica de Guinea Bissau favorece a quien quiera llegar a Europa. También está la extensión geográfica y la falta de recursos materiales para que la policía pueda controlar todas las islas que hoy sirven de depósito para los narcotraficantes”, dijo Nelson Moreira, presidente de la comisión interministerial de lucha contra la droga de este país.
El activista de derechos humanos de Guinea Bissau, Mario Sa Gomes, denunció recientemente la corrupción y los vínculos entre las redes de narcotráfico y los líderes políticos, policiales y militares de su país.
Pero aunque en las calles de Guinea Bissau se respira el miedo a la creciente influencia de los narcotraficantes latinoamericanos, pocos creen que un país tan débil como el suyo, dependiente de la ayuda internacional, pueda combatir estas nuevas mafias internacionales.
La ONU afirma que la tendencia a utilizar esta región para el transporte de la cocaína comenzó hace unos cinco años, y que las nuevas estructuras de los narcotraficantes complican la lucha antidrogas.
“Uno añora los días de Pablo Escobar (narcotraficante colombiano que controlaba gran parte del negocio de drogas del mundo desde Colombia en los años 80) en el sentido que entonces se estaba luchando contra el crimen organizado”, afirmó Francisco Thoumi, director del Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito en Colombia.
“Hoy se está luchando contra señores de la guerra y esta gente tienen vínculos mucho más fuertes con las mafias internacionales”, agregó.
domingo, 29 de julio de 2007
Jurado de Florida acusó por lavado de activos a ex dueño de Aerocontinente
Enfrenta cargos por ley ''Kingpin Act''
Jurado de Florida acusó por lavado de activos a ex dueño de Aerocontinente
por Jorge Molina Sanhueza
En 2001 en Chile, tanto la Corte Suprema y de Apelaciones desestimaron que el clan peruano fuera una red internacional de blanqueo de capitales, narcotráfico y crimen organizado, revocando los procesamientos contra sus ejecutivos. Sin embargo, la justicia estadounidense opinó en contrario y dictó 16 cargos contra Fernando Zevallos y su mujer.
Después de 15 años de investigación y una serie de peritajes contables, policiales y de extranjería, el jurado federal del Estado de Florida (EEUU) acusó a quien fuera el dueño de Aercontinente, el peruano Fernando Zevallos y su mujer, Sandra Elisa Sánchez, por cargos de lavado de activos.
La instancia judicial, de esta manera, concordó con los procesos que se le siguieron en Perú por sus vínculos con el cartel de “Los Norteños”, como también el que se tramita en Chile en contra del narcotraficante.
El jurado recurrió contra Zevallos por 16 cargos debido a que, a través de la compra y posterior transferencia de bienes raíces en Florida, ocultó su fortuna proveniente de la venta ilegal de drogas.
Esta es la primera vez que en el país del norte se usa una ley aparecida en 1999 (Kingpin Act), que traducida al español significa Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, para sancionar el área financiera de traficantes de droga.
El fiscal federal, Alexander Acosta, en sus declaraciones dijo aplicando el viejo concepto antilavado “sin dinero no hay tráfico”, que “es importante para golpear a los narcotraficantes donde les duele, y eso es en sus bolsillos".
Zevallos armó en Estados Unidos un complejo tinglado de sociedades “off shore” y “trusts” en paraísos fiscales, pero con sede en la ciudad de Miami que le permitieron lavar el dinero proveniente de la venta de alcaloides.
Algunas de ellas, por ejemplo, como Millenium Acquisition, Airccraft Leasing, Interstar Aviation, Skyways Aviation, entre otras aparecían arrendando aviones. Los dueños de las firmas eran testaferros de origen ruso como Inna Maltseva, Bella Idkina, Mareta Poisik y Yusik Bassin. Todos ellos trabajaban precisamente en el estudio del abogado Stephen Freeman, quien gestionó todas las sociedades “off” shore de Zevallos.
Actualmente, Zevallos está condenado en Perú a 20 años de cárcel y al pago de 29 millones de dólares por el envío de más de tres toneladas de cocaína a México en los años 90.
En todo caso, el fallo final aún está pendiente en la Corte Suprema peruana, pero de todas formas los fiscales norteamericanos preparan su artillería para extraditarlo si es que el máximo tribunal vecino decidiera absolverlo de los cargos.
Dentro de los antecedentes que constan en la indagatoria estadounidense están las compras –a través de entidades falsas- de dos residencias en el exclusivo barrio de Coral Springs, las que fueron adquiridas a bajo precio y luego vendidas en un millón 700 mil dólares, transfiriéndose el dinero a Perú.
Otro de los fiscales acusadores, Ricardo Del Toro, aseguró ayer que tanto el ex empresario como su mujer arriesgan penas que van desde los 15 a 20 años de prisión efectiva.
Proceso en Chile
Paralelamente en Chile, la semana pasada el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó a la jueza del 34º Juzgado del Crimen de Santiago, Adriana Sotovía, que encause a Cevallos por el delito de lavado de activos, aunque todavía se desconoce el monto exacto que blanqueó en Chile. Se espera que la próxima semana la magistrada resuelva positivamente el escrito.
A mediados de 2001, en Chile el CDE reventó la llamada "Operación Ícaro" que permitió incautar más de 1 millón de dólares de Cevallos y otros ejecutivos, como también quitarles los aviones.
Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Suprema revocaron los autos de procesamiento, lo que para algunos es una señal de que en aquella época el país era aún muy joven en temas relacionados con el crimen organizado, incluso los jueces.
UAF y Hacienda cumplen con Gafisud, pero no incluyen a ''PEP'' chilenos
Combate al lavado de activos
UAF y Hacienda cumplen con Gafisud, pero no incluyen a ''PEP'' chilenos
por Jorge Molina Sanhueza
Autoridades endurecieron normas antiblanqueo de capitales para sector casinos, cumpliendo con las disposiciones internacionales. Sin embargo, sólo se deberán informar operaciones de ''personas políticamente expuestas'' extranjeras. Salas de juego deberán integrar al directorio en auditorías de casos sospechosos, algo inédito en Chile.
La reciente circular que endurece las normas antilavado dictada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para el área de casinos, buscó cumplir con todas las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera del Conosur (Gafisud) hizo recientemente a Chile.
Sin embargo, la norma sólo consideró a los extranjeros como personas políticamente expuestas, los llamados “PEP”, sobre quiénes hay que poner atención en sus transacciones e inversiones, mas no a los chilenos con esas características.
Según la definición anti blanqueo de capitales que existe en nuestra legislación, los PEP son aquellas personas “que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos”.
Este tema, coordinado por Hacienda y la UAF, es un debate constante en los seminarios internacionales, en torno a por qué los nacionales no pueden sujetos de sospecha por sí mismos.
Según el jefe de la UAF Víctor Ossa -quien respondió vía e-mail desde Ecuador, donde se encuentra en el Pleno del Gafisud- “no es que se haya dejado fuera a los PEP chilenos”, sino que existen otros mecanismos para fiscalizarlos, como las justificaciones económicas sobre sus activos ante las instituciones financieras. "(Es decir) las normas de prevención anti lavado... se basan en el "conozca su cliente" y que respecto de extranjeros, se redoble la vigilancia", señaló.
Fuentes de Hacienda que conocen sobre la materia comentaron a este diario que si bien el tema de los PEP considera sólo a los extranjeros, indicaron que en la coordinación nacional en esa cartera, a cargo de Tania Agnic, es un asunto que se está analizando.
La pregunta que surge es por qué solo un extranjero puede ser una persona políticamente expuesta. ¿Basta con la legislación chilena y con la denuncia de operaciones sospechosas de parte de casinos y bancos para fiscalizarlos?
Este medio intentó ayer obtener una opinión de parte de la cartera de Hacienda, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.
Los casinos
La circular de la UAF, que fue coordinada en conjunto con la SCJ, obliga a los a crear un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) a los operadores de las siete concesiones municipales de casas de juego actualmente en funcionamiento y a las quince nuevas sociedades operadoras.
La norma ordena que se ponga en marcha, tal como ocurre con los bancos e instituciones financieras, una política de conocimiento y registro de clientes; que se establezca un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CPLAFT); definir e implementar normas preventivas del lavado de dinero en la selección y capacitación de su personal; e implementar auditorías internas que evalúen el sistema.
Lo novedoso, y que implica una asimilación a la legislación extranjera, es que ahora los directorios de las empresas de este rubro deberán constituir un CPLAFT con la totalidad de sus integrantes y, en caso de que las sociedades no tengan directorio, por sus administradores.
Este hecho es nuevo en Chile y está en sintonía con lo que recientemente expuso en Santiago, durante un seminario de la Policía de Investigaciones, el experto colombiano Alberto Lozano. Este último, quien asesora a la UAF chilena, estimó que la responsabilidad que recaía sobre los oficiales de cumplimiento era demasiado grande cuando se habla de lavado de activos, por lo que los directores deben tomar conciencia de esta realidad.
Oficiales de cumplimiento de casinos de juego valoraron esta medida, ya que le otorga un respaldo a sus actividades. Sin embargo, quienes cumplen sus funciones en la banca manifestaron que sus superiores observarán esta normativa con sospecha.
Informar operaciones
La SCJ también ordena que todas las operaciones desde tres mil dólares deberán ser registrados pormenorizadamente, con nombre, dirección número de carné o pasaportes como una manera de mantener un registro hasta por cinco años de esas operaciones. Antes de este dictamen el monto ascendía a 16 mil dólares.
Esta última ordenanza coincide con la decretada hace algunos meses por la UAF a las casas de cambio. En la oportunidad se bajó el monto de diez mil a cinco mil dólares que deben ser informados. Esto para evitar algunas formas de lavado de dinero, por ejemplo como el “pitufeo” o blanqueo a menor escala.
UAF y Hacienda cumplen con Gafisud, pero no incluyen a ''PEP'' chilenos
por Jorge Molina Sanhueza
Autoridades endurecieron normas antiblanqueo de capitales para sector casinos, cumpliendo con las disposiciones internacionales. Sin embargo, sólo se deberán informar operaciones de ''personas políticamente expuestas'' extranjeras. Salas de juego deberán integrar al directorio en auditorías de casos sospechosos, algo inédito en Chile.
La reciente circular que endurece las normas antilavado dictada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para el área de casinos, buscó cumplir con todas las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera del Conosur (Gafisud) hizo recientemente a Chile.
Sin embargo, la norma sólo consideró a los extranjeros como personas políticamente expuestas, los llamados “PEP”, sobre quiénes hay que poner atención en sus transacciones e inversiones, mas no a los chilenos con esas características.
Según la definición anti blanqueo de capitales que existe en nuestra legislación, los PEP son aquellas personas “que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos”.
Este tema, coordinado por Hacienda y la UAF, es un debate constante en los seminarios internacionales, en torno a por qué los nacionales no pueden sujetos de sospecha por sí mismos.
Según el jefe de la UAF Víctor Ossa -quien respondió vía e-mail desde Ecuador, donde se encuentra en el Pleno del Gafisud- “no es que se haya dejado fuera a los PEP chilenos”, sino que existen otros mecanismos para fiscalizarlos, como las justificaciones económicas sobre sus activos ante las instituciones financieras. "(Es decir) las normas de prevención anti lavado... se basan en el "conozca su cliente" y que respecto de extranjeros, se redoble la vigilancia", señaló.
Fuentes de Hacienda que conocen sobre la materia comentaron a este diario que si bien el tema de los PEP considera sólo a los extranjeros, indicaron que en la coordinación nacional en esa cartera, a cargo de Tania Agnic, es un asunto que se está analizando.
La pregunta que surge es por qué solo un extranjero puede ser una persona políticamente expuesta. ¿Basta con la legislación chilena y con la denuncia de operaciones sospechosas de parte de casinos y bancos para fiscalizarlos?
Este medio intentó ayer obtener una opinión de parte de la cartera de Hacienda, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.
Los casinos
La circular de la UAF, que fue coordinada en conjunto con la SCJ, obliga a los a crear un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) a los operadores de las siete concesiones municipales de casas de juego actualmente en funcionamiento y a las quince nuevas sociedades operadoras.
La norma ordena que se ponga en marcha, tal como ocurre con los bancos e instituciones financieras, una política de conocimiento y registro de clientes; que se establezca un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CPLAFT); definir e implementar normas preventivas del lavado de dinero en la selección y capacitación de su personal; e implementar auditorías internas que evalúen el sistema.
Lo novedoso, y que implica una asimilación a la legislación extranjera, es que ahora los directorios de las empresas de este rubro deberán constituir un CPLAFT con la totalidad de sus integrantes y, en caso de que las sociedades no tengan directorio, por sus administradores.
Este hecho es nuevo en Chile y está en sintonía con lo que recientemente expuso en Santiago, durante un seminario de la Policía de Investigaciones, el experto colombiano Alberto Lozano. Este último, quien asesora a la UAF chilena, estimó que la responsabilidad que recaía sobre los oficiales de cumplimiento era demasiado grande cuando se habla de lavado de activos, por lo que los directores deben tomar conciencia de esta realidad.
Oficiales de cumplimiento de casinos de juego valoraron esta medida, ya que le otorga un respaldo a sus actividades. Sin embargo, quienes cumplen sus funciones en la banca manifestaron que sus superiores observarán esta normativa con sospecha.
Informar operaciones
La SCJ también ordena que todas las operaciones desde tres mil dólares deberán ser registrados pormenorizadamente, con nombre, dirección número de carné o pasaportes como una manera de mantener un registro hasta por cinco años de esas operaciones. Antes de este dictamen el monto ascendía a 16 mil dólares.
Esta última ordenanza coincide con la decretada hace algunos meses por la UAF a las casas de cambio. En la oportunidad se bajó el monto de diez mil a cinco mil dólares que deben ser informados. Esto para evitar algunas formas de lavado de dinero, por ejemplo como el “pitufeo” o blanqueo a menor escala.
Brilac inicia ataque a la nueva tendencia del blanqueo de capitales
6 de Julio del 2007
Microlavado de dinero es lo que usan a diario narcos chilenos
Brilac inicia ataque a la nueva tendencia del blanqueo de capitales
por Jorge Molina Sanhueza
Fuente: El Mostrador.cl
Información surgió en la exposición que realizó el subcomisario Johnny Fica en un seminario sobre delitos económicos preparado por la Policía de Investigaciones. El profesional reconoció que Chile se está convirtiendo en un país que el crimen organizado europeo está usando además para ''enfriar'' y ''reciclar'' a sus miembros.
Un nuevo objetivo se planteó la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones (Brilac): dirigir también su esfuerzos a reprimir este delito pero a escala menor, conocido también como microlavado.
Así quedó de manifiesto en la exposición que hizo el subcomisario Johnny Fica, en el marco de la clausura del primer seminario sobre delitos económicos y blanqueo de capitales.
La tendencia de los pequeños traficantes de droga u otros delincuentes apunta cada vez más a formas modernas para proyectar sus finanzas.
Por eso no es de extrañar que en la zona sur, por ejemplo, debido a que los jefes de las bandas están en prisión sean las mujeres las que tomen las riendas del negocio.
Las féminas, a diferencia de los hombres, invierten el dinero en pequeñas empresas familiares y en el mejoramiento de las condiciones de vida de su familia, como también de primos e incluso amigos, con el fin de que el origen del dinero se pierda.
Se suma a ello que la personalidad de estas nuevas delincuentes que de forma incipiente entran en el mundo financiero, es sobria y no gastan grandes sumas en artículos suntuarios, lo que hace más difícil su detección e investigación.
"Nuestro objetivo es la sensibilización de los jueces a través de crear jurisprudencia en el microlavado a partir de las investigaciones que desarrollamos”, dijo Fica.
En Chile, los fallos de lavado de dinero son pocos. Más aún en la reforma. Recientemente, una investigación que llegó a juicio oral por el delito de narcotráfico en Rengo, Sexta Región, la justicia anuló el cargo de blanqueo de capitales y usando una figura de la Ley de Drogas, 20.000 quitó los bienes a la banda.
Este hecho, según fuentes policiales, refleja que la cultura judicial sobre el lavado de dinero aún es antigua.
Maridaje
La prueba de fuego para este delito lo constituye el juicio oral que se inicia este próximo 24 de julio en la Cuarta Región, en el llamado caso Galmez, familia que a través de una empresa bananera traficaba droga.
El dinero obtenido de esas operaciones, más de cinco millones de dólares, fueron blanqueados en el país, a través de propiedades, terrenos y vehículos.
Fica insistió en que Chile se está convirtiendo en un país que el crimen organizado europeo está usando como lugar de “reciclaje” y “enfriamiento” para los miembros de sus bandas que se ven en problemas con la justicia del viejo continente.
Recordó que el crimen organizado y el lavado de activo siempre van de la mano y que constituyen un peligro para el sistema político, financiero y social de cualquier país.
Datos del Banco Mundial revelan que el poder económico del crimen organizado transnacional representa el 2 al 5 por ciento del PIB global, es decir, entre 1,5 a 2 billones de dólares. Para el caso de América Latina aumenta ligeramente entre el 2,5 a 6,3 por ciento.
Una segunda parte del seminario, a cargo del subcomisario, Luis Orellana, reveló el modus operandi de los lavadores.
A través de casos que ya se han ventilado en la justicia, como los que afectaron al Cabro Carrera en la operación Ana Frank o la reciente Suspiro Europeo que reveló el lavado de la casa de cambios Turismo Costa Brava, entre otros, se delinearon las principales tipologías que tiene el delito en Chile.
Haciendo énfasis en que los criminales de este tipo nunca descansan en la búsqueda de “rendijas” en el sistema, Orellana recomendó que todos los actores deben extremar sus medidas para evitar “la infección”.
Triquiñuelas
Dentro del lavado de dinero, uno de los más nuevos en la legislación chilena, se han detectado varias tipologías que se han usado en Chile en los últimos años.
Por ejemplo, está el traslado físico de dinero, el que puede provenir de actividades ilícitas que van desde el tráfico de drogas y armas, hasta la trata de personas.
Está también la inversión extranjera ficticia, a través del capítulo 14 del Banco Central, usando a una empresa local como receptora. Luego, el dinero es retirado por varias personas.
Le sigue también la exportación ficticia de servicios, tales como asesorías que se usa para justificar el reintegro del dinero y que luego, en moneda local, se reparte entre varias personas.
Está también el llamado “pitufeo”, fórmula que usa los giros que están por debajo de los controles legales. Y, entre muchos otros, está también el arbitraje cambiario. Se trata de enviar grandes sumas al extranjero donde son adquiridos por representantes de los lavadores que los envían a un tercer país y luego el dinero es retirado desde un cajero automático.
Microlavado de dinero es lo que usan a diario narcos chilenos
Brilac inicia ataque a la nueva tendencia del blanqueo de capitales
por Jorge Molina Sanhueza
Fuente: El Mostrador.cl
Información surgió en la exposición que realizó el subcomisario Johnny Fica en un seminario sobre delitos económicos preparado por la Policía de Investigaciones. El profesional reconoció que Chile se está convirtiendo en un país que el crimen organizado europeo está usando además para ''enfriar'' y ''reciclar'' a sus miembros.
Un nuevo objetivo se planteó la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones (Brilac): dirigir también su esfuerzos a reprimir este delito pero a escala menor, conocido también como microlavado.
Así quedó de manifiesto en la exposición que hizo el subcomisario Johnny Fica, en el marco de la clausura del primer seminario sobre delitos económicos y blanqueo de capitales.
La tendencia de los pequeños traficantes de droga u otros delincuentes apunta cada vez más a formas modernas para proyectar sus finanzas.
Por eso no es de extrañar que en la zona sur, por ejemplo, debido a que los jefes de las bandas están en prisión sean las mujeres las que tomen las riendas del negocio.
Las féminas, a diferencia de los hombres, invierten el dinero en pequeñas empresas familiares y en el mejoramiento de las condiciones de vida de su familia, como también de primos e incluso amigos, con el fin de que el origen del dinero se pierda.
Se suma a ello que la personalidad de estas nuevas delincuentes que de forma incipiente entran en el mundo financiero, es sobria y no gastan grandes sumas en artículos suntuarios, lo que hace más difícil su detección e investigación.
"Nuestro objetivo es la sensibilización de los jueces a través de crear jurisprudencia en el microlavado a partir de las investigaciones que desarrollamos”, dijo Fica.
En Chile, los fallos de lavado de dinero son pocos. Más aún en la reforma. Recientemente, una investigación que llegó a juicio oral por el delito de narcotráfico en Rengo, Sexta Región, la justicia anuló el cargo de blanqueo de capitales y usando una figura de la Ley de Drogas, 20.000 quitó los bienes a la banda.
Este hecho, según fuentes policiales, refleja que la cultura judicial sobre el lavado de dinero aún es antigua.
Maridaje
La prueba de fuego para este delito lo constituye el juicio oral que se inicia este próximo 24 de julio en la Cuarta Región, en el llamado caso Galmez, familia que a través de una empresa bananera traficaba droga.
El dinero obtenido de esas operaciones, más de cinco millones de dólares, fueron blanqueados en el país, a través de propiedades, terrenos y vehículos.
Fica insistió en que Chile se está convirtiendo en un país que el crimen organizado europeo está usando como lugar de “reciclaje” y “enfriamiento” para los miembros de sus bandas que se ven en problemas con la justicia del viejo continente.
Recordó que el crimen organizado y el lavado de activo siempre van de la mano y que constituyen un peligro para el sistema político, financiero y social de cualquier país.
Datos del Banco Mundial revelan que el poder económico del crimen organizado transnacional representa el 2 al 5 por ciento del PIB global, es decir, entre 1,5 a 2 billones de dólares. Para el caso de América Latina aumenta ligeramente entre el 2,5 a 6,3 por ciento.
Una segunda parte del seminario, a cargo del subcomisario, Luis Orellana, reveló el modus operandi de los lavadores.
A través de casos que ya se han ventilado en la justicia, como los que afectaron al Cabro Carrera en la operación Ana Frank o la reciente Suspiro Europeo que reveló el lavado de la casa de cambios Turismo Costa Brava, entre otros, se delinearon las principales tipologías que tiene el delito en Chile.
Haciendo énfasis en que los criminales de este tipo nunca descansan en la búsqueda de “rendijas” en el sistema, Orellana recomendó que todos los actores deben extremar sus medidas para evitar “la infección”.
Triquiñuelas
Dentro del lavado de dinero, uno de los más nuevos en la legislación chilena, se han detectado varias tipologías que se han usado en Chile en los últimos años.
Por ejemplo, está el traslado físico de dinero, el que puede provenir de actividades ilícitas que van desde el tráfico de drogas y armas, hasta la trata de personas.
Está también la inversión extranjera ficticia, a través del capítulo 14 del Banco Central, usando a una empresa local como receptora. Luego, el dinero es retirado por varias personas.
Le sigue también la exportación ficticia de servicios, tales como asesorías que se usa para justificar el reintegro del dinero y que luego, en moneda local, se reparte entre varias personas.
Está también el llamado “pitufeo”, fórmula que usa los giros que están por debajo de los controles legales. Y, entre muchos otros, está también el arbitraje cambiario. Se trata de enviar grandes sumas al extranjero donde son adquiridos por representantes de los lavadores que los envían a un tercer país y luego el dinero es retirado desde un cajero automático.
Experto antilavado recomendó a bancos chilenos no restringir información
5 de Julio del 2007
Colombiano Alberto Lozano
Experto antilavado recomendó a bancos chilenos no restringir información
por Jorge Molina Sanhueza
Fuente: El Mostrador.cl
Profesional, quien se encuentra en Chile asesorando a la Unidad de Análisis Financiero, aconsejó a las entidades que confíen en las autoridades y operen con el ''traslado de la reserva'', acción que implica entregar la información cada vez que la UAF la pide sin que se recurra a la vía judicial para ello. Este jueves dicta una charla a detectives de la Brilac.
En el marco de una asesoría que realiza a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el especialista colombiano en el combate al lavado de activos Alberto Lozano, recomendó a los bancos chilenos confiar en las autoridades y no restringir la entrega de información basándose en la reserva de antecedentes.
Lozano, abogado y ex director de la UAF colombiana y un organismo similar del banco central de ese país, expuso en un curso reservado para los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras, que se realizó el miércoles en un hotel del sector oriente de la capital. Estos últimos son funcionarios encargados de hacer cumplir las directivas antilavado y de reportar las operaciones sospechosas de personas jurídicas o instituciones a la UAF.
El profesional insistió en que en Chile existe una lógica “un tanto estrecha” para comprender el llamado “traslado de la reserva”, acción que implica entregar la información cada vez que la UAF la pide sin que sea necesario recurrir a la vía judicial.
Actualmente, cuando un banco informa de una operación sospechosa, la UAF puede seguir requiriendo información del sujeto en cuestión. Sin embargo, si aparecen depósitos en otra entidad financiera, la suerte puede ser otra. De todas formas, el organismo puede recurrir a un ministro de la Corte de Apelaciones para levantar la reserva o secreto.
En todo caso, dijo una fuente de la UAF, los bancos tienen disposición a colaborar, aunque temen cometer errores legales.
Inquirido por El Mostrador.cl, el especialista explicó que si bien Chile tiene una legislación moderna antilavado, aún camina “un paso más atrás” que otros países.
"Los bancos ayudarían mucho a las autoridades si hacen el traslado de la reserva. ¿Quién mejor que la UAF para cuidarla?”, reflexionó.
Risk or no risk
Uniendo cabos, Lozano habló también del análisis de riesgo que los bancos deben hacer cada día, no sólo con las operaciones que realizan, sino también con el perfil que tienen los clientes con los que hacen negocios.
Haciendo un análisis comparativo con la ley antilavado colombiana, donde a diferencia de Chile los directorios de los bancos deben estar completamente involucrados en los reportes a la autoridad, Lozano recomendó que “lo más sano” es hacer gestión de riesgos, para evitar los excesivos controles que generan problemas al cliente.
En otras palabras, que los métodos de detección, medición, control y monitoreo, sean reconocidos como de calidad ténica y actúen por “segmentación”.
"Hay operaciones que son de lavado y se reconocen de inmediato, como también otras que no lo son, pero hay otras que están en una zona de incertidumbre, que a veces son más del 90 por ciento”, ejemplificó.
A modo de consejo clínico, recomendó que siempre es mejor informar de cualquier acción sospechosa. “De esa manera usted se convierte en parte de la solución y no en parte del problema, porque hoy la supervisión no está en el cumplimiento, sino en el análisis de riesgo”, analogó.
Por esta razón, este jueves seguirá con sus charlas, esta vez a los detectives que trabajan en la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la policía civil, con quien trabajará en análisis de casos.
"No podemos dormir tranquilos en el tema lavado de dinero", dijo en tono célebre.
Colombiano Alberto Lozano
Experto antilavado recomendó a bancos chilenos no restringir información
por Jorge Molina Sanhueza
Fuente: El Mostrador.cl
Profesional, quien se encuentra en Chile asesorando a la Unidad de Análisis Financiero, aconsejó a las entidades que confíen en las autoridades y operen con el ''traslado de la reserva'', acción que implica entregar la información cada vez que la UAF la pide sin que se recurra a la vía judicial para ello. Este jueves dicta una charla a detectives de la Brilac.
En el marco de una asesoría que realiza a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el especialista colombiano en el combate al lavado de activos Alberto Lozano, recomendó a los bancos chilenos confiar en las autoridades y no restringir la entrega de información basándose en la reserva de antecedentes.
Lozano, abogado y ex director de la UAF colombiana y un organismo similar del banco central de ese país, expuso en un curso reservado para los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras, que se realizó el miércoles en un hotel del sector oriente de la capital. Estos últimos son funcionarios encargados de hacer cumplir las directivas antilavado y de reportar las operaciones sospechosas de personas jurídicas o instituciones a la UAF.
El profesional insistió en que en Chile existe una lógica “un tanto estrecha” para comprender el llamado “traslado de la reserva”, acción que implica entregar la información cada vez que la UAF la pide sin que sea necesario recurrir a la vía judicial.
Actualmente, cuando un banco informa de una operación sospechosa, la UAF puede seguir requiriendo información del sujeto en cuestión. Sin embargo, si aparecen depósitos en otra entidad financiera, la suerte puede ser otra. De todas formas, el organismo puede recurrir a un ministro de la Corte de Apelaciones para levantar la reserva o secreto.
En todo caso, dijo una fuente de la UAF, los bancos tienen disposición a colaborar, aunque temen cometer errores legales.
Inquirido por El Mostrador.cl, el especialista explicó que si bien Chile tiene una legislación moderna antilavado, aún camina “un paso más atrás” que otros países.
"Los bancos ayudarían mucho a las autoridades si hacen el traslado de la reserva. ¿Quién mejor que la UAF para cuidarla?”, reflexionó.
Risk or no risk
Uniendo cabos, Lozano habló también del análisis de riesgo que los bancos deben hacer cada día, no sólo con las operaciones que realizan, sino también con el perfil que tienen los clientes con los que hacen negocios.
Haciendo un análisis comparativo con la ley antilavado colombiana, donde a diferencia de Chile los directorios de los bancos deben estar completamente involucrados en los reportes a la autoridad, Lozano recomendó que “lo más sano” es hacer gestión de riesgos, para evitar los excesivos controles que generan problemas al cliente.
En otras palabras, que los métodos de detección, medición, control y monitoreo, sean reconocidos como de calidad ténica y actúen por “segmentación”.
"Hay operaciones que son de lavado y se reconocen de inmediato, como también otras que no lo son, pero hay otras que están en una zona de incertidumbre, que a veces son más del 90 por ciento”, ejemplificó.
A modo de consejo clínico, recomendó que siempre es mejor informar de cualquier acción sospechosa. “De esa manera usted se convierte en parte de la solución y no en parte del problema, porque hoy la supervisión no está en el cumplimiento, sino en el análisis de riesgo”, analogó.
Por esta razón, este jueves seguirá con sus charlas, esta vez a los detectives que trabajan en la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la policía civil, con quien trabajará en análisis de casos.
"No podemos dormir tranquilos en el tema lavado de dinero", dijo en tono célebre.
Chile se convierte en país de ''reciclaje'' para crimen organizado europeo
26 de Junio del 2007
Fiscales viajan a España e Italia
Chile se convierte en país de ''reciclaje'' para crimen organizado europeo
por Jorge Molina Sanhueza
Fuente: El Mostrador.cl
Dos funcionarios del Ministerio Público conocieron en Europa las nuevas técnicas de análisis e investigación y generaron los vínculos de confianza para compartir información por canal técnico. Uno de los objetivos es mantener bajo vigilancia a los delincuentes que llegan al país y que tienen un alto grado de tecnificación en lavado de activos.
Paulatinamente Chile se está convirtiendo en un centro de "reciclaje" y "enfriamiento" para delincuentes y criminales europeos, principalmente españoles, portugueses e italianos, entre otros.
La tendencia es cada vez más fuerte debido al alto nivel de persecución a los que son sometidos en Europa.
"Hay muchos criminales que operan y luego se guardan, se dan recreos, salen de circulación porque tienen medido un determinado nivel de exposición; esto funciona igual que una empresa, van cambiando personal, hacen movimientos cíclicos y antes de llegar a su destino ejecutan una actividad de cobertura por distintos países", explica el fiscal coordinador del Ministerio Público Occidente, Heriberto Reyes.
Atacar estas nuevas lógicas del crimen transnacional organizado requiere, por tanto, de usar las herramientas que otorga la integración.
De esta manera, y llevando adelante el convenio de cooperación firmado el año pasado por el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, Reyes y la nueva subdirectora de la Unidad de Lavado, Drogas y Crimen Organizado del Ministerio Público, Tania Sironvalle, viajaron en mayo a España e Italia para generar vínculos de inteligencia y conocer el terreno el know how de instituciones como la Direzzione Nacionale Antimafia (DNA).
"Básicamente la idea fuerza es que cada una de las fuerzas anticrimen exhiban, por así decirlo, la cartera de delincuentes que tiene por objeto mantener a los sujetos vigilados a los países que emigran", explicó Reyes.
La fórmula es la siguiente: cuando los criminales salen de Europa llegan a Chile y en este país no tienen antecedentes penales. Esto les permite manejarse con cierta holgura y mientras alguna autoridad extranjera no pida su extradición, es muy poco lo que se puede hacer si no existe información que haya sido enviada previamente por los canales técnicos.
Ente aglutinador
En el caso contrario, los chilenos que viajan al viejo continente quienes, aunque de menor peligrosidad que sus pares europeos, provocan estragos al orden social cotidiano en países como España, puerta de entrada del crimen organizado al viejo continente.
El ente aglutinador de estas migraciones delictuales es el narcotráfico y el lavado de dinero. Así no es de sorprender, por ejemplo, las inversiones que realizó en Chile el narcotraficante colombiano recién extraditado a USA, Hernán Prada Cortés.
Otro destino de los criminales extranjeros es Argentina, donde las normas son más laxas y garantistas. "Por eso no es de extrañar que lleguen aquí o donde nuestros vecinos y hagan una vida normal como empresarios, ejemplos de buen vecino", continúa Reyes.
Por esta razón, el viaje de estos funcionarios el Ministerio Público cobra especial relevancia, ya que la coordinación con España e Italia permite entender las nuevas claves del crimen organizado.
"Los países europeos han pagado un alto costo aprendiendo a investigar este tipo de delitos. Italia, sin duda, es el ejemplo más paradigmático de todos. Hoy sus instituciones anticrimen son modernísimas y cuentan con enormes recursos financieros, como también importantes coordinaciones interinstitucionales, potentes facultades y relaciones directas con sus pares de otros países".
Perfil
El criminal europeo que llega a la región es un sujeto más tecnificado y con fuertes conocimientos de lavado de dinero. La experticia la logran violando la estricta vigilancia que tiene la Europol en dicho continente, por lo que en esta zona del mundo se mueven con cierta holgura.
Este hecho evidencia que las normas y las instituciones en Chile están en vías de mejoramiento para conseguir un estándar y la fuerza que tienen los organismos que combaten al delito en el primer mundo.
"En Chile la palabra inteligencia fue muy maltratada durante mucho tiempo y aún no se toma el real peso de este tipo de delitos. Por ejemplo, en España si un sujeto no puede justificar sus activos se le puede condenar por lavado de dinero ya que se supone que los obtuvo con actividades ilegales. Existen también casos donde al establecer un delito cometido se presume también que hacia atrás también lo cometió, lo que endurece las penas", revela Reyes.
En el caso chileno, la legislación aún enfrenta problemas por la existencia del secreto bancario y la coordinación interinstitucional.
Dos ejemplos revelan que las cosas podrían hacerse con mayor rapidez y con una acción directa el Estado sin esperar, por ejemplo, que los bancos, actuando de buena fe, informen de movimientos sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
En segundo término, que a la misma UAF no se le aplicara la norma del secreto tributario, pudiendo acceder de inmediato a la información del Servicio de Impuestos Internos (SII).
El Parlamento tiene la palabra
Esta realidad está a punto de cambiar siempre y cuando el Parlamento modifique la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Para ello, existe un proyecto que presentado por el diputado Jorge Burgos (DC), que fortalece las facultades de la UAF, mejora la coordinación interinstitucional e integra nuevos delitos como lavado de activos.
Algunos fiscales dedicados al combate del crimen organizado en Chile aseguran que una medida fácil de aplicar sería levantar el secreto bancario sólo para fines de inteligencia financiera, lo que ayudaría a destapar "muchas ollas que aún están tapadas".
Actualmente, la fórmula de trabajo de los fiscales tiene a la UAF como un ente coordinador de la información, pero es el Ministerio Público es el que debe solicitar una orden judicial para levantar el secreto bancario. Esta operatoria, sin embargo, funciona sólo si el juez de garantía correspondiente comparte el criterio del órgano encargado de sostener la acción penal pública.
Esto sucede porque la lógica que aplican actualmente los jueces está centrada en el llamado "delito precedente". En otras palabras, sólo se considera al tráfico de drogas y no siempre al ilícito que va imbricado como es el lavado de activos.
Un caso revelador de este criterio lo constituye una investigación por microtráfico de drogas en Rengo, Sexta Región. El año pasado la Fiscalía local acusó por el delito precedente y por lavado de activos. Sin embargo, este ilícito no fue aprobado por el tribunal.
La prueba de fuego y que se puede constituir en una suerte de modelo para los fiscales de crimen organizado a nivel nacional será el juicio oral que se realizará en la Cuarta Región por el delito de lavado de activos contra el clan Galmez, que logró internar en la economía nacional más de dos mil quinientos millones de pesos -unos cinco millones de dólares- provenientes del tráfico de cocaína.
Fiscales viajan a España e Italia
Chile se convierte en país de ''reciclaje'' para crimen organizado europeo
por Jorge Molina Sanhueza
Fuente: El Mostrador.cl
Dos funcionarios del Ministerio Público conocieron en Europa las nuevas técnicas de análisis e investigación y generaron los vínculos de confianza para compartir información por canal técnico. Uno de los objetivos es mantener bajo vigilancia a los delincuentes que llegan al país y que tienen un alto grado de tecnificación en lavado de activos.
Paulatinamente Chile se está convirtiendo en un centro de "reciclaje" y "enfriamiento" para delincuentes y criminales europeos, principalmente españoles, portugueses e italianos, entre otros.
La tendencia es cada vez más fuerte debido al alto nivel de persecución a los que son sometidos en Europa.
"Hay muchos criminales que operan y luego se guardan, se dan recreos, salen de circulación porque tienen medido un determinado nivel de exposición; esto funciona igual que una empresa, van cambiando personal, hacen movimientos cíclicos y antes de llegar a su destino ejecutan una actividad de cobertura por distintos países", explica el fiscal coordinador del Ministerio Público Occidente, Heriberto Reyes.
Atacar estas nuevas lógicas del crimen transnacional organizado requiere, por tanto, de usar las herramientas que otorga la integración.
De esta manera, y llevando adelante el convenio de cooperación firmado el año pasado por el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, Reyes y la nueva subdirectora de la Unidad de Lavado, Drogas y Crimen Organizado del Ministerio Público, Tania Sironvalle, viajaron en mayo a España e Italia para generar vínculos de inteligencia y conocer el terreno el know how de instituciones como la Direzzione Nacionale Antimafia (DNA).
"Básicamente la idea fuerza es que cada una de las fuerzas anticrimen exhiban, por así decirlo, la cartera de delincuentes que tiene por objeto mantener a los sujetos vigilados a los países que emigran", explicó Reyes.
La fórmula es la siguiente: cuando los criminales salen de Europa llegan a Chile y en este país no tienen antecedentes penales. Esto les permite manejarse con cierta holgura y mientras alguna autoridad extranjera no pida su extradición, es muy poco lo que se puede hacer si no existe información que haya sido enviada previamente por los canales técnicos.
Ente aglutinador
En el caso contrario, los chilenos que viajan al viejo continente quienes, aunque de menor peligrosidad que sus pares europeos, provocan estragos al orden social cotidiano en países como España, puerta de entrada del crimen organizado al viejo continente.
El ente aglutinador de estas migraciones delictuales es el narcotráfico y el lavado de dinero. Así no es de sorprender, por ejemplo, las inversiones que realizó en Chile el narcotraficante colombiano recién extraditado a USA, Hernán Prada Cortés.
Otro destino de los criminales extranjeros es Argentina, donde las normas son más laxas y garantistas. "Por eso no es de extrañar que lleguen aquí o donde nuestros vecinos y hagan una vida normal como empresarios, ejemplos de buen vecino", continúa Reyes.
Por esta razón, el viaje de estos funcionarios el Ministerio Público cobra especial relevancia, ya que la coordinación con España e Italia permite entender las nuevas claves del crimen organizado.
"Los países europeos han pagado un alto costo aprendiendo a investigar este tipo de delitos. Italia, sin duda, es el ejemplo más paradigmático de todos. Hoy sus instituciones anticrimen son modernísimas y cuentan con enormes recursos financieros, como también importantes coordinaciones interinstitucionales, potentes facultades y relaciones directas con sus pares de otros países".
Perfil
El criminal europeo que llega a la región es un sujeto más tecnificado y con fuertes conocimientos de lavado de dinero. La experticia la logran violando la estricta vigilancia que tiene la Europol en dicho continente, por lo que en esta zona del mundo se mueven con cierta holgura.
Este hecho evidencia que las normas y las instituciones en Chile están en vías de mejoramiento para conseguir un estándar y la fuerza que tienen los organismos que combaten al delito en el primer mundo.
"En Chile la palabra inteligencia fue muy maltratada durante mucho tiempo y aún no se toma el real peso de este tipo de delitos. Por ejemplo, en España si un sujeto no puede justificar sus activos se le puede condenar por lavado de dinero ya que se supone que los obtuvo con actividades ilegales. Existen también casos donde al establecer un delito cometido se presume también que hacia atrás también lo cometió, lo que endurece las penas", revela Reyes.
En el caso chileno, la legislación aún enfrenta problemas por la existencia del secreto bancario y la coordinación interinstitucional.
Dos ejemplos revelan que las cosas podrían hacerse con mayor rapidez y con una acción directa el Estado sin esperar, por ejemplo, que los bancos, actuando de buena fe, informen de movimientos sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
En segundo término, que a la misma UAF no se le aplicara la norma del secreto tributario, pudiendo acceder de inmediato a la información del Servicio de Impuestos Internos (SII).
El Parlamento tiene la palabra
Esta realidad está a punto de cambiar siempre y cuando el Parlamento modifique la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Para ello, existe un proyecto que presentado por el diputado Jorge Burgos (DC), que fortalece las facultades de la UAF, mejora la coordinación interinstitucional e integra nuevos delitos como lavado de activos.
Algunos fiscales dedicados al combate del crimen organizado en Chile aseguran que una medida fácil de aplicar sería levantar el secreto bancario sólo para fines de inteligencia financiera, lo que ayudaría a destapar "muchas ollas que aún están tapadas".
Actualmente, la fórmula de trabajo de los fiscales tiene a la UAF como un ente coordinador de la información, pero es el Ministerio Público es el que debe solicitar una orden judicial para levantar el secreto bancario. Esta operatoria, sin embargo, funciona sólo si el juez de garantía correspondiente comparte el criterio del órgano encargado de sostener la acción penal pública.
Esto sucede porque la lógica que aplican actualmente los jueces está centrada en el llamado "delito precedente". En otras palabras, sólo se considera al tráfico de drogas y no siempre al ilícito que va imbricado como es el lavado de activos.
Un caso revelador de este criterio lo constituye una investigación por microtráfico de drogas en Rengo, Sexta Región. El año pasado la Fiscalía local acusó por el delito precedente y por lavado de activos. Sin embargo, este ilícito no fue aprobado por el tribunal.
La prueba de fuego y que se puede constituir en una suerte de modelo para los fiscales de crimen organizado a nivel nacional será el juicio oral que se realizará en la Cuarta Región por el delito de lavado de activos contra el clan Galmez, que logró internar en la economía nacional más de dos mil quinientos millones de pesos -unos cinco millones de dólares- provenientes del tráfico de cocaína.
Los pasos del narco Hernán Prada y sus cómplices por Santiago (II Parte)
15 de Mayo del 2007
CDE y Brilac tras ex gerente hotelero y una contadora
Los pasos del narco Hernán Prada y sus cómplices por Santiago (II Parte)
por Jorge Molina Sanhueza
Los pasos del narco Hernán Prada y sus cómplices por Santiago (II Parte)
por Jorge Molina Sanhueza
El departamento 404 de Valle Nevado le costó 250 mil dólares a ''Ramazote''. SII intenta dilucidar a quién pertenece la sociedad Nancagua S.A., ya que al ingresar sus antecedentes al sistema de una empresa de informes comerciales, aparece una huella que termina en el gerente de un importante banco norteamericano con sede en Chile.
El narcotraficante colombiano Hernán Prada Cortes (“Ramazote”) y su hijo Andrés siempre prefirieron a Valle Nevado para pasar una temporada alejados de los negocios que tanta presión les causaban.
Vivir hablando en clave por teléfono, más la chance de pasar una temporada tras las rejas no era un panorama alentador. Por eso, la nieve era el lugar donde ambos pasaban inadvertidos.
Así, los viajes de ambos a Chile desde Argentina, más los de sus mujeres Adriana Forero y Martha Caicedo, se convirtieron en algo cotidiano.
Fue en uno de sus tantos desplazamientos donde “Ramazote” decidió que debía comprar una propiedad en Chile. Desde 2000 contaba con la sociedad Tanya Real State inscrita en los registros chilenos y con todos los documentos en regla.
Su abogado colombiano Francisco Arango hizo los contactos. La elección recayó sobre el departamento 404, con el estacionamiento 201 y la bodega 205, cuyo dueño era Abraham Senerman Lamas. Como manda la regla, un abogado chileno debía hacer el estudio de título, dar los precios y ver la fórmula de pago.
Prada Cortés decidió que se cancelaría al contado. El abogado a cargo del procedimiento fue E.L.C., cuya identidad este medio se reserva ya que aún no ha sido interrogado. ¿El precio? 250 mil dólares e inscrita formalmente en la notaría Félix Jara Cadot el 18 de julio de 2002, con el repertorio 10.747.
Ironías de la vida, al lado de esta inscripción en el mismo legajo que obra en el Archivo Judicial, se haya la escritura de Marchill Investment, una de las firmas mediante la cual Pinochet lavó su fortuna.
¿Quién descubrió Chile?
Pero Prada no perdía el tiempo. Anteriormente, el 13 de mayo de 2002, adquirió una costosa camioneta Ford Explorer en Autosumit, a través de uno de sus adláteres, pero con cheques de una empresa aún bajo investigación de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El paquete para operar en Chile crecía a pasos agigantados.
El resto era cosa de tiempo. Andrés Prada seguía vacacionando en Valle Nevado, su testaferro Adriana Forero lo hacía en el hotel Diego de Almagro y el colombiano Alejandro Estefan Botero, otro de sus cómplices, llegaba al Raddison chileno a continuar las operaciones de su jefe “Ramazote”. Era 2003 y las autoridades colombianas y norteamericanas lo tenían cada vez más cercado.
Debía dar un giro para evitar que le detuvieran o bien ganar tiempo. Junto a sus asesores jurídicos, decidió entonces renunciar a la nacionalidad colombiana y convertirse a los colores patrios del Ecuador el 13 de agosto del mismo año para dificultar un caso judicial.
El trámite administrativo en Quito siguió todos pasos que mandaba la Ley. Así, el 27 de diciembre de 2004 el presidente en ejercicio, Lucio Gutiérrez, firmó el decreto que le otorgaba la nacionalidad a Prada. Esta rúbrica, sin embargo, tuvo detrás un lobby muy bien montado en las canchas de golf quiteñas, ya que hacía casi dos meses EEUU había enviado una orden de capturarlo.
Apañado sin violencia
Prada logró evadir la justicia un año más. Sin embargo, el 3 de octubre de 2005 fue detenido en Colombia. Casi un año más tarde, el 23 de agosto de 2006 Adriana Forero abandonaba Chile con destino a Ecuador, según las fuentes consultadas por este diario, lo que evidencia que sus conexiones con Chile seguían tan firmes como al principio.
Tres días después en Ecuador, reventó la operación “Torres gemelas”. Fueron detenidos Gerardo Ávila Lozano, Alejandro Botero, José Trujillo Hidalgo, Richard Ramírez, Byron Paredes Morales, Oswaldo Alvarado, Milton López Alonzo, Soraya Suárez Cruz, Martha Cecilia Caicedo, Adriana Forero Ochoa.
Y los prófugos, hasta ahora, son el abogado Francisco Arango, Jorge Serrano Vicente Maldonado Solís, Andrés Prada, hijo del narco, y el chileno Álvaro González García.
Este último, un ex gerente del hotel Embassy Suites en Santiago, hace algunos años, se vinculó con Prada en Ecuador. De hecho aún tiene una orden de aprehensión pendiente en ese país para que entregue información sobre sus vínculos.
Nueva etapa
La indagatoria en Chile está en pleno apogeo. La policía y el CDE le sigue los pasos a González, quien viaja regularmente a Buenos Aires, últimamente a Costa Rica, donde se sospecha se reúne con el hijo de Prada.
González está casado con la canadiense Diana Arcudi. Este diario intentó, a través de su contador en Chile, Jorge León, tomar contacto para requerir una opinión. La mujer no quiso entregar su versión.
Las autoridades chilenas aún no saben de dónde la pareja sacó el dinero para comprar una casa en Cerro Franciscano –en el sector oriente de Santiago- por más de cien millones de pesos. Tampoco si existen cuentas bancarias a través de las cuales se lavó más dinero o lo triangularon. Por esom se espera que el CDE presente una querella criminal y así levantar el secreto bancario.
Por otro lado, el SII tiene en sus manos aclarar qué sucedió con la sociedad Nancagua S.A. que Prada creó a principios de los 90. Esto, porque en la búsqueda realizada a través de una empresa de informes comerciales, la huella se pierde y entrega un dato hasta ahora no probado, que llega hasta el gerente de un prestigioso banco norteamericano con asiento en Chile.
Pero la pista definitiva está con la contadora chilena residente en Buin que presenta viajes a Ecuador, propiedades millonarias que no puede justificar –ni siquiera tiene inicio de actividades- y mantener vínculos con Adriana Forero, una de las mujeres de Prada. Su nombre este diario se lo reserva para el éxito de las pesquisas que lleva adelante el CDE y la Brilac.
Por último, dicen fuentes cercanas al caso, el Ministerio Público también tendría intenciones de llevar adelante una investigación por las operaciones en Chile de Prada.
El narcotraficante colombiano Hernán Prada Cortes (“Ramazote”) y su hijo Andrés siempre prefirieron a Valle Nevado para pasar una temporada alejados de los negocios que tanta presión les causaban.
Vivir hablando en clave por teléfono, más la chance de pasar una temporada tras las rejas no era un panorama alentador. Por eso, la nieve era el lugar donde ambos pasaban inadvertidos.
Así, los viajes de ambos a Chile desde Argentina, más los de sus mujeres Adriana Forero y Martha Caicedo, se convirtieron en algo cotidiano.
Fue en uno de sus tantos desplazamientos donde “Ramazote” decidió que debía comprar una propiedad en Chile. Desde 2000 contaba con la sociedad Tanya Real State inscrita en los registros chilenos y con todos los documentos en regla.
Su abogado colombiano Francisco Arango hizo los contactos. La elección recayó sobre el departamento 404, con el estacionamiento 201 y la bodega 205, cuyo dueño era Abraham Senerman Lamas. Como manda la regla, un abogado chileno debía hacer el estudio de título, dar los precios y ver la fórmula de pago.
Prada Cortés decidió que se cancelaría al contado. El abogado a cargo del procedimiento fue E.L.C., cuya identidad este medio se reserva ya que aún no ha sido interrogado. ¿El precio? 250 mil dólares e inscrita formalmente en la notaría Félix Jara Cadot el 18 de julio de 2002, con el repertorio 10.747.
Ironías de la vida, al lado de esta inscripción en el mismo legajo que obra en el Archivo Judicial, se haya la escritura de Marchill Investment, una de las firmas mediante la cual Pinochet lavó su fortuna.
¿Quién descubrió Chile?
Pero Prada no perdía el tiempo. Anteriormente, el 13 de mayo de 2002, adquirió una costosa camioneta Ford Explorer en Autosumit, a través de uno de sus adláteres, pero con cheques de una empresa aún bajo investigación de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El paquete para operar en Chile crecía a pasos agigantados.
El resto era cosa de tiempo. Andrés Prada seguía vacacionando en Valle Nevado, su testaferro Adriana Forero lo hacía en el hotel Diego de Almagro y el colombiano Alejandro Estefan Botero, otro de sus cómplices, llegaba al Raddison chileno a continuar las operaciones de su jefe “Ramazote”. Era 2003 y las autoridades colombianas y norteamericanas lo tenían cada vez más cercado.
Debía dar un giro para evitar que le detuvieran o bien ganar tiempo. Junto a sus asesores jurídicos, decidió entonces renunciar a la nacionalidad colombiana y convertirse a los colores patrios del Ecuador el 13 de agosto del mismo año para dificultar un caso judicial.
El trámite administrativo en Quito siguió todos pasos que mandaba la Ley. Así, el 27 de diciembre de 2004 el presidente en ejercicio, Lucio Gutiérrez, firmó el decreto que le otorgaba la nacionalidad a Prada. Esta rúbrica, sin embargo, tuvo detrás un lobby muy bien montado en las canchas de golf quiteñas, ya que hacía casi dos meses EEUU había enviado una orden de capturarlo.
Apañado sin violencia
Prada logró evadir la justicia un año más. Sin embargo, el 3 de octubre de 2005 fue detenido en Colombia. Casi un año más tarde, el 23 de agosto de 2006 Adriana Forero abandonaba Chile con destino a Ecuador, según las fuentes consultadas por este diario, lo que evidencia que sus conexiones con Chile seguían tan firmes como al principio.
Tres días después en Ecuador, reventó la operación “Torres gemelas”. Fueron detenidos Gerardo Ávila Lozano, Alejandro Botero, José Trujillo Hidalgo, Richard Ramírez, Byron Paredes Morales, Oswaldo Alvarado, Milton López Alonzo, Soraya Suárez Cruz, Martha Cecilia Caicedo, Adriana Forero Ochoa.
Y los prófugos, hasta ahora, son el abogado Francisco Arango, Jorge Serrano Vicente Maldonado Solís, Andrés Prada, hijo del narco, y el chileno Álvaro González García.
Este último, un ex gerente del hotel Embassy Suites en Santiago, hace algunos años, se vinculó con Prada en Ecuador. De hecho aún tiene una orden de aprehensión pendiente en ese país para que entregue información sobre sus vínculos.
Nueva etapa
La indagatoria en Chile está en pleno apogeo. La policía y el CDE le sigue los pasos a González, quien viaja regularmente a Buenos Aires, últimamente a Costa Rica, donde se sospecha se reúne con el hijo de Prada.
González está casado con la canadiense Diana Arcudi. Este diario intentó, a través de su contador en Chile, Jorge León, tomar contacto para requerir una opinión. La mujer no quiso entregar su versión.
Las autoridades chilenas aún no saben de dónde la pareja sacó el dinero para comprar una casa en Cerro Franciscano –en el sector oriente de Santiago- por más de cien millones de pesos. Tampoco si existen cuentas bancarias a través de las cuales se lavó más dinero o lo triangularon. Por esom se espera que el CDE presente una querella criminal y así levantar el secreto bancario.
Por otro lado, el SII tiene en sus manos aclarar qué sucedió con la sociedad Nancagua S.A. que Prada creó a principios de los 90. Esto, porque en la búsqueda realizada a través de una empresa de informes comerciales, la huella se pierde y entrega un dato hasta ahora no probado, que llega hasta el gerente de un prestigioso banco norteamericano con asiento en Chile.
Pero la pista definitiva está con la contadora chilena residente en Buin que presenta viajes a Ecuador, propiedades millonarias que no puede justificar –ni siquiera tiene inicio de actividades- y mantener vínculos con Adriana Forero, una de las mujeres de Prada. Su nombre este diario se lo reserva para el éxito de las pesquisas que lleva adelante el CDE y la Brilac.
Por último, dicen fuentes cercanas al caso, el Ministerio Público también tendría intenciones de llevar adelante una investigación por las operaciones en Chile de Prada.
Investigan operaciones en Chile de capo colombiano Hernán Prada Cortés
14 de Mayo del 2007
I Parte: Descubren costoso departamento en Valle Nevado
Investigan operaciones en Chile de capo colombiano Hernán Prada Cortés
por Jorge Molina Sanhueza
Una investigación de El Mostrador.cl revela los pasos de este narcotraficante recientemente extraditado desde Ecuador a Estados Unidos, sus cómplices en Chile, su intento por penetrar las finanzas chilenas y sus inversiones a través del ''capítulo 14'' del Banco Central.
El 26 de agosto de 2006 un contingente de la policía ecuatoriana desbarató en Quito, Guayaquil y Manta una poderosa red de lavado de dinero colombiana. El operativo, bautizado como “Torres gemelas” porque uno de los tantos activos de la organización eran suites en el edificio Radisson World Trade Center de esa ciudad, arrojó más de una docena de detenidos y permitió incautar más de 40 millones de dólares.
Sin embargo, en los primeros interrogatorios uno de los detenidos pronunció una palabra que amplió de inmediato el alcance de la mafia: Chile.
Las alarmas restallaron de inmediato y un informe reservado llegó a nuestro país con copia a la Policía de Investigaciones y al Departamento de Tráfico y Lavado de Dinero de Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidades que están, desde ese entonces, tras las operaciones que realizó el capo del cartel. ¿Su nombre? El colombiano Hernán Prada Cortés, alias “Ramazote”, “Papito” y “El Gordo”.
Una investigación de El Mostrador.cl revela los pasos de este narcotraficante recientemente extraditado a Estados Unidos, sus cómplices en Chile y su intento de penetrar las finanzas chilenas y sus inversiones a través del "capítulo 14" del Banco Central.
Lugar de nalcas
Fue a principios de los 90 cuando Prada Cortés pisó por primera vez suelo chileno proveniente de Buenos Aires, Argentina, conexión muy usada por este tipo de criminales como “cobertura” de sus operaciones.
Dueño de un hablar pausado, contactó a un importante estudio de abogados del foro para iniciar sus actividades empresariales, oficina que le ayudó a formar su primera sociedad en Chile llamada Nancagua S.A.
De acuerdo al registro que existe en el Diario Oficial de fecha 15 de noviembre de 1991, Prada Cortés, junto a Pedro Alfonso Gutiérrez Márquez y María Rosinda Cortéz de Prada inscribió a Nancagua con la ayuda de dos procuradores del estudio, José Luis Piña Cabellos (fallecido en un accidente automovilístico) y José Manuel Bravo Salazar, en la 19º Notaría de Víctor Manuel Correa.
Salvo Gutiérrez Márquez, Prada Cortés y la mujer obtuvieron rut chileno (48.079.061-8 y 48.030.867-0, respectivamente) para iniciar sus labores empresariales.
Contrastados los números con fuentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) revela sin embargo que la sociedad no tuvo movimientos tributarios, lo que no implicó que Prada siguiera operando en el tráfico de drogas y el lavado de dinero a Estados Unidos, Panamá y Argentina a través de otras firmas.
Los negocios de Prada Cortés siguieron avanzando y poco a poco inició su ascenso económico moviendo varias toneladas del alcaloide, hasta que comenzaron sus problemas judiciales en Estados Unidos luego que la Drug Enforcement Administration (DEA) descubriera primero 365 kilos de cocaína el 23 de diciembre de 1998 un barco en las costas de Belice. Y luego, cuatro toneladas y media el 2 de junio de 1999 en la misma zona.
Agua, jabón y perros de ropa
Como las autoridades norteamericanas le respiraban en la nuca, Prada entonces inició la expansión de su imperio. Y lo hizo de la manera clásica. Ampliar el giro de sus empresas e invertir el dinero ganado para esconder y legalizar su origen en distintos países, entre ellos Chile.
Así fue como el 6 de agosto de 1999, en ciudad de Panamá, en el edificio Torre Miramar de la calle 39, los abogados Jaime y Agustín Arias crean el “pacto social Tanya Real State”, ante el notario Mario Velásquez Chismar. La firma quedó a nombre de una de las mujeres de Prada, Marta Cecilia Caicedo, quien actuó como testaferro y apoderado general.
Comenzaba así una operación de lavado de activos que aún hoy tiene preocupadas a las autoridades chilenas, colombianas, argentinas y ecuatorianas ya que sus alcances recién comienzan a develarse.
Prada, como buen hombre de negocios estaba acostumbrado a los placeres caros. Buena comida, licor, la práctica del golf y el esquí.
Por eso miró hacia Chile. Sus cordones montañosos le llamaban la atención; también sus canchas de golf en la zona oriente de Santiago, donde jugaría cada vez que viniera a Chile en los años posteriores.
Paralelamente, Prada buscó un segundo país donde legalizar sus activos, una nación que contara con un sistema antilavado más débil, sin las grandes trabas que tenían otras regiones y donde su dinero pudiera comprar voluntades, incluso, en el sistema político. Con este razonamiento su nuevo objetivo fue Ecuador que por aquellos años aún no aprobaba una ley que combatiera ese tipo de ilícitos.
Así se lanzó a la compra de bienes raíces y propiedades con sus primeras sociedades, Miloal y Alvaprad, que administraba una serie de acciones en el Radisson de Quito.
Al año siguiente inició sus viajes a Chile, como también su mujer Martha Cecilia Caicedo, Adriana Forero y su hijo Andrés Prada Caicedo.
Las inversiones en Ecuador no se hicieron esperar. A Miloal y Alvaprad le siguieron Endecoder, Galfic, Fytsal, Sociedad Hotelera Cotopaxi donde compró más acciones de la cadena de hoteles Radisson. La telaraña de la organización crecía exponencialmente, lo que hacía más difícil la pesquisa de los dineros.
El 11 de septiembre de 2000, cuando Santiago conmemoraba otro aniversario del golpe de Estado, se inscribe en la notaría Patricio Raby, con el poder de Martha Cecilia Caicedo, la sociedad Tanya Real State. Con este acto el ingreso formal a Chile de sus cómplices y su dinero queda sellado.
El resto era sólo cosa de tiempo para que comprara un costoso automóvil con el que se movía por Santiago y un departamento en Valle Nevado con la ayuda de algunos de sus cómplices que pasean por Santiago y viajan al extranjero para seguir operando los bienes de su patrón que pronto purgará una pena en Estados Unidos, en el estado de Florida.
Mañana: Los pasos de Prada y sus cómplices por Santiago
Sin embargo, en los primeros interrogatorios uno de los detenidos pronunció una palabra que amplió de inmediato el alcance de la mafia: Chile.
Las alarmas restallaron de inmediato y un informe reservado llegó a nuestro país con copia a la Policía de Investigaciones y al Departamento de Tráfico y Lavado de Dinero de Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidades que están, desde ese entonces, tras las operaciones que realizó el capo del cartel. ¿Su nombre? El colombiano Hernán Prada Cortés, alias “Ramazote”, “Papito” y “El Gordo”.
Una investigación de El Mostrador.cl revela los pasos de este narcotraficante recientemente extraditado a Estados Unidos, sus cómplices en Chile y su intento de penetrar las finanzas chilenas y sus inversiones a través del "capítulo 14" del Banco Central.
Lugar de nalcas
Fue a principios de los 90 cuando Prada Cortés pisó por primera vez suelo chileno proveniente de Buenos Aires, Argentina, conexión muy usada por este tipo de criminales como “cobertura” de sus operaciones.
Dueño de un hablar pausado, contactó a un importante estudio de abogados del foro para iniciar sus actividades empresariales, oficina que le ayudó a formar su primera sociedad en Chile llamada Nancagua S.A.
De acuerdo al registro que existe en el Diario Oficial de fecha 15 de noviembre de 1991, Prada Cortés, junto a Pedro Alfonso Gutiérrez Márquez y María Rosinda Cortéz de Prada inscribió a Nancagua con la ayuda de dos procuradores del estudio, José Luis Piña Cabellos (fallecido en un accidente automovilístico) y José Manuel Bravo Salazar, en la 19º Notaría de Víctor Manuel Correa.
Salvo Gutiérrez Márquez, Prada Cortés y la mujer obtuvieron rut chileno (48.079.061-8 y 48.030.867-0, respectivamente) para iniciar sus labores empresariales.
Contrastados los números con fuentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) revela sin embargo que la sociedad no tuvo movimientos tributarios, lo que no implicó que Prada siguiera operando en el tráfico de drogas y el lavado de dinero a Estados Unidos, Panamá y Argentina a través de otras firmas.
Los negocios de Prada Cortés siguieron avanzando y poco a poco inició su ascenso económico moviendo varias toneladas del alcaloide, hasta que comenzaron sus problemas judiciales en Estados Unidos luego que la Drug Enforcement Administration (DEA) descubriera primero 365 kilos de cocaína el 23 de diciembre de 1998 un barco en las costas de Belice. Y luego, cuatro toneladas y media el 2 de junio de 1999 en la misma zona.
Agua, jabón y perros de ropa
Como las autoridades norteamericanas le respiraban en la nuca, Prada entonces inició la expansión de su imperio. Y lo hizo de la manera clásica. Ampliar el giro de sus empresas e invertir el dinero ganado para esconder y legalizar su origen en distintos países, entre ellos Chile.
Así fue como el 6 de agosto de 1999, en ciudad de Panamá, en el edificio Torre Miramar de la calle 39, los abogados Jaime y Agustín Arias crean el “pacto social Tanya Real State”, ante el notario Mario Velásquez Chismar. La firma quedó a nombre de una de las mujeres de Prada, Marta Cecilia Caicedo, quien actuó como testaferro y apoderado general.
Comenzaba así una operación de lavado de activos que aún hoy tiene preocupadas a las autoridades chilenas, colombianas, argentinas y ecuatorianas ya que sus alcances recién comienzan a develarse.
Prada, como buen hombre de negocios estaba acostumbrado a los placeres caros. Buena comida, licor, la práctica del golf y el esquí.
Por eso miró hacia Chile. Sus cordones montañosos le llamaban la atención; también sus canchas de golf en la zona oriente de Santiago, donde jugaría cada vez que viniera a Chile en los años posteriores.
Paralelamente, Prada buscó un segundo país donde legalizar sus activos, una nación que contara con un sistema antilavado más débil, sin las grandes trabas que tenían otras regiones y donde su dinero pudiera comprar voluntades, incluso, en el sistema político. Con este razonamiento su nuevo objetivo fue Ecuador que por aquellos años aún no aprobaba una ley que combatiera ese tipo de ilícitos.
Así se lanzó a la compra de bienes raíces y propiedades con sus primeras sociedades, Miloal y Alvaprad, que administraba una serie de acciones en el Radisson de Quito.
Al año siguiente inició sus viajes a Chile, como también su mujer Martha Cecilia Caicedo, Adriana Forero y su hijo Andrés Prada Caicedo.
Las inversiones en Ecuador no se hicieron esperar. A Miloal y Alvaprad le siguieron Endecoder, Galfic, Fytsal, Sociedad Hotelera Cotopaxi donde compró más acciones de la cadena de hoteles Radisson. La telaraña de la organización crecía exponencialmente, lo que hacía más difícil la pesquisa de los dineros.
El 11 de septiembre de 2000, cuando Santiago conmemoraba otro aniversario del golpe de Estado, se inscribe en la notaría Patricio Raby, con el poder de Martha Cecilia Caicedo, la sociedad Tanya Real State. Con este acto el ingreso formal a Chile de sus cómplices y su dinero queda sellado.
El resto era sólo cosa de tiempo para que comprara un costoso automóvil con el que se movía por Santiago y un departamento en Valle Nevado con la ayuda de algunos de sus cómplices que pasean por Santiago y viajan al extranjero para seguir operando los bienes de su patrón que pronto purgará una pena en Estados Unidos, en el estado de Florida.
Mañana: Los pasos de Prada y sus cómplices por Santiago
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