UAF y Hacienda cumplen con Gafisud, pero no incluyen a ''PEP'' chilenos

Combate al lavado de activos

UAF y Hacienda cumplen con Gafisud, pero no incluyen a ''PEP'' chilenos

por Jorge Molina Sanhueza

Autoridades endurecieron normas antiblanqueo de capitales para sector casinos, cumpliendo con las disposiciones internacionales. Sin embargo, sólo se deberán informar operaciones de ''personas políticamente expuestas'' extranjeras. Salas de juego deberán integrar al directorio en auditorías de casos sospechosos, algo inédito en Chile.

La reciente circular que endurece las normas antilavado dictada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para el área de casinos, buscó cumplir con todas las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera del Conosur (Gafisud) hizo recientemente a Chile.

Sin embargo, la norma sólo consideró a los extranjeros como personas políticamente expuestas, los llamados “PEP”, sobre quiénes hay que poner atención en sus transacciones e inversiones, mas no a los chilenos con esas características.

Según la definición anti blanqueo de capitales que existe en nuestra legislación, los PEP son aquellas personas “que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos”.

Este tema, coordinado por Hacienda y la UAF, es un debate constante en los seminarios internacionales, en torno a por qué los nacionales no pueden sujetos de sospecha por sí mismos.

Según el jefe de la UAF Víctor Ossa -quien respondió vía e-mail desde Ecuador, donde se encuentra en el Pleno del Gafisud- “no es que se haya dejado fuera a los PEP chilenos”, sino que existen otros mecanismos para fiscalizarlos, como las justificaciones económicas sobre sus activos ante las instituciones financieras. "(Es decir) las normas de prevención anti lavado... se basan en el "conozca su cliente" y que respecto de extranjeros, se redoble la vigilancia", señaló.

Fuentes de Hacienda que conocen sobre la materia comentaron a este diario que si bien el tema de los PEP considera sólo a los extranjeros, indicaron que en la coordinación nacional en esa cartera, a cargo de Tania Agnic, es un asunto que se está analizando.

La pregunta que surge es por qué solo un extranjero puede ser una persona políticamente expuesta. ¿Basta con la legislación chilena y con la denuncia de operaciones sospechosas de parte de casinos y bancos para fiscalizarlos?

Este medio intentó ayer obtener una opinión de parte de la cartera de Hacienda, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

Los casinos

La circular de la UAF, que fue coordinada en conjunto con la SCJ, obliga a los a crear un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) a los operadores de las siete concesiones municipales de casas de juego actualmente en funcionamiento y a las quince nuevas sociedades operadoras.

La norma ordena que se ponga en marcha, tal como ocurre con los bancos e instituciones financieras, una política de conocimiento y registro de clientes; que se establezca un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CPLAFT); definir e implementar normas preventivas del lavado de dinero en la selección y capacitación de su personal; e implementar auditorías internas que evalúen el sistema.

Lo novedoso, y que implica una asimilación a la legislación extranjera, es que ahora los directorios de las empresas de este rubro deberán constituir un CPLAFT con la totalidad de sus integrantes y, en caso de que las sociedades no tengan directorio, por sus administradores.

Este hecho es nuevo en Chile y está en sintonía con lo que recientemente expuso en Santiago, durante un seminario de la Policía de Investigaciones, el experto colombiano Alberto Lozano. Este último, quien asesora a la UAF chilena, estimó que la responsabilidad que recaía sobre los oficiales de cumplimiento era demasiado grande cuando se habla de lavado de activos, por lo que los directores deben tomar conciencia de esta realidad.

Oficiales de cumplimiento de casinos de juego valoraron esta medida, ya que le otorga un respaldo a sus actividades. Sin embargo, quienes cumplen sus funciones en la banca manifestaron que sus superiores observarán esta normativa con sospecha.

Informar operaciones

La SCJ también ordena que todas las operaciones desde tres mil dólares deberán ser registrados pormenorizadamente, con nombre, dirección número de carné o pasaportes como una manera de mantener un registro hasta por cinco años de esas operaciones. Antes de este dictamen el monto ascendía a 16 mil dólares.

Esta última ordenanza coincide con la decretada hace algunos meses por la UAF a las casas de cambio. En la oportunidad se bajó el monto de diez mil a cinco mil dólares que deben ser informados. Esto para evitar algunas formas de lavado de dinero, por ejemplo como el “pitufeo” o blanqueo a menor escala.